Tierras ociosas a la vera de rutas nacionales volverán a ser productivas. En un giro histórico para el sector agropecuario, el diputado nacional Javier Sánchez Wrba presentó un proyecto de ley que busca habilitar la siembra de cereales, oleaginosas y pasturas en las franjas adyacentes a las rutas nacionales, derogando la resolución restrictiva del kirchnerismo de 2008. Esta iniciativa, firmada por diez legisladores del PRO, promete sumar hectáreas productivas, generar ingresos para el mantenimiento vial y priorizar a los productores locales en un contexto de desarrollo económico rural.
En un paso concreto hacia la recuperación de tierras subutilizadas, el diputado nacional por el PRO Javier Sánchez Wrba formalizó hoy la presentación de un proyecto de ley que apunta a restablecer el uso agrícola de las franjas adyacentes a las rutas nacionales. La medida excluye expresamente las banquinas y las franjas de seguridad, y establece permisos de uso precario y oneroso para siembra, cultivo y cosecha, con prioridad absoluta para los propietarios, arrendatarios o explotadores de los campos linderos.
El texto legislativo busca derogar la Resolución 2018/2008 de la Dirección Nacional de Vialidad, dictada en pleno conflicto por la Resolución 125, que de manera arbitraria canceló convenios previos y prohibió la explotación productiva de estas parcelas de dominio público. “Tenemos que recuperar una práctica que supo generar valor, sumando hectáreas productivas para potenciar el desarrollo económico y destinar lo recaudado al mantenimiento de la red vial nacional para mejorar la infraestructura que tanta falta hace”, afirmó Sánchez Wrba.
Según el legislador, la prohibición kirchnerista “cercenó la explotación agropecuaria de varias superficies de dominio público, impidiendo su aprovechamiento productivo bajo esquemas regulados, controlados y con contraprestación económica para el Estado”. El proyecto de ley propone reemplazar esa veda absoluta por un régimen “técnicamente delimitado y jurídicamente sólido”, que administre con racionalidad sectores del dominio público hoy subutilizados.
Los permisos serán precarios y onerosos, es decir, temporales y con pago al Estado, lo que permitirá financiar directamente el mantenimiento de las rutas nacionales. En caso de que los productores frentistas no estén interesados, se abrirá la posibilidad a terceros, siempre bajo estrictas normas de seguridad vial que prohíben cualquier actividad que ponga en riesgo la circulación.
Sánchez Wrba recordó que esta práctica ya estuvo habilitada por la Resolución 1158/1996 y que, a nivel provincial, la Ley 10.342 de Buenos Aires permite a los municipios concesionar estos espacios, como ocurrió recientemente en el partido de 9 de Julio. “Se trata de administrar con racionalidad sectores del dominio público que hoy permanecen subutilizados, contribuyendo a incrementar la producción y al mismo tiempo generar recursos adicionales para el Estado”, enfatizó el diputado.
La iniciativa llega en un momento clave para el campo argentino, donde cada hectárea productiva cuenta para fortalecer la economía y mejorar la competitividad. De aprobarse, el proyecto de ley para sembrar tierras ociosas en rutas nacionales no solo revertiría una decisión política de 2008, sino que abriría un nuevo capítulo de aprovechamiento racional del patrimonio vial, beneficiando directamente a productores, al erario público y a la calidad de las principales vías del país.
Con este anuncio, el bloque del PRO pone sobre la mesa un debate que trasciende lo rural: el uso eficiente de los recursos públicos en clave productiva. La expectativa es alta en el sector agropecuario, que ve en esta propuesta una oportunidad concreta de expansión sin afectar la seguridad de los usuarios de las rutas nacionales.