El Ejecutivo condicionó la recomposición salarial al retiro de la demanda judicial que espera fallo de la Corte Suprema. Las universidades rechazaron la exigencia y el acuerdo se frustró.
El Gobierno nacional y los rectores de las universidades públicas estuvieron a un paso de cerrar un acuerdo presupuestario, pero las negociaciones naufragaron ante una condición que el Ejecutivo presentó como innegociable: que las casas de altos estudios retiren la demanda judicial que aguarda fallo de la Corte Suprema sobre el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La propuesta del Ejecutivo en números
Aumento salarial 24,3% 21,3% en junio + 3% en octubre
Becas Manuel Belgrano +50% Congeladas desde 2024
Gastos de funcionamiento +20% Para todas las universidades
Hospitales universitarios $50 mil M Fondo adicional no presupuestado
La reunión se celebró el lunes en un territorio neutral elegido deliberadamente para evitar la atención mediática. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, se sentó frente a rectores que representaban al Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) con el objetivo de destrabar el conflicto presupuestario que ya había encendido la mecha de la última Marcha Federal universitaria.
La oferta sobre la mesa contemplaba una recomposición salarial del 24,3% para cubrir la pérdida acumulada desde parte de 2024, todo 2025 y el desfasaje de los primeros cinco meses de 2026. El incremento se abonaría en dos tramos: un 21,3% en junio y el 3% restante en octubre. Además, se preveía la conformación de una comisión técnica para abordar el período adeudado de 2024 y garantizar negociaciones paritarias cada tres meses.
«Si esa ley se aplica hoy, nos tendrían que estar depositando un aumento del 52% a todos los trabajadores. La distancia entre el ofrecimiento del gobierno y lo que dice la ley es abismal.»
Fuentes de la comunidad universitaria al tanto de las conversaciones describieron la propuesta como «razonable«. Sin embargo, todo el avance se derrumbó cuando el Ejecutivo planteó su condición central: el retiro de la demanda judicial que las universidades presentaron hace casi seis meses exigiendo el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, norma aprobada por el Congreso cuyo veto también fue rechazado por la misma Cámara.
La razón de fondo del planteo oficial no es difícil de leer: un fallo adverso de la Corte Suprema obligaría al Gobierno a desembolsar fondos que se calculan en torno a los 2,5 billones de pesos, una cifra que el Ejecutivo no está dispuesto a afrontar bajo el actual esquema de ajuste fiscal.
Desde la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD) salieron al cruce con una advertencia: ya hay federaciones discutiendo aceptar la oferta bajo el argumento de que constituiría un inicio en el cumplimiento de la ley. «Nada más lejano —enfatizaron—, dado que el gobierno exige que se retire la cautelar precisamente para incumplirla sin costo.»
El conflicto permanece abierto. Las universidades no están dispuestas a resignar su principal herramienta de presión judicial, y el Gobierno no firmará ningún acuerdo que no incluya esa renuncia. La Corte Suprema, mientras tanto, tiene la última palabra.