La Corte Suprema de Justicia admitió la demanda de cuatro provincias contra el decreto que disolvió el Fondo Fiduciario de Protección de Bosques Nativos. El gobierno tiene 60 días para responder. La causa se suma al planteo de Greenpeace, que advierte sobre un aumento del 40% en la deforestación durante 2025 y alerta por posibles cambios a la Ley de Bosques.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dio un golpe judicial al gobierno de Javier Milei al admitir su competencia originaria en la causa que impulsan cuatro provincias contra el decreto 888/24, que disolvió el Fondo Fiduciario de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Fobosque). El máximo tribunal corrió traslado al Estado nacional —a través del Ministerio de Economía— para que responda la demanda en un plazo de 60 días hábiles.
Las provincias demandantes son Buenos Aires, La Rioja, Santiago del Estero y La Pampa. En sus escritos judiciales, cada una de ellas sostiene que la disolución del fideicomiso implica una transferencia ilegítima al Tesoro Nacional de fondos con asignación específica: los previstos en el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN), establecido en el artículo 30 de la ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental, sancionada en 2007.
Un fondo creado para proteger y una disolución que acusa de inconstitucional
El Fobosque fue creado por ley en 2018 como instrumento para implementar las medidas de conservación de los bosques nativos en el marco de los compromisos de la Argentina ante el Acuerdo de París. Su objetivo era mejorar la eficiencia y la transparencia en la administración de los recursos destinados a la conservación, la restauración y el manejo sostenible de estos ecosistemas, al tiempo que fortalecía la capacidad de ejecución de las provincias.
Las demandantes piden que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 3 y 4 del decreto presidencial y que se restablezca la plena vigencia del FNECBN. La provincia de Buenos Aires, además, denunció que el Estado nacional no transfirió los montos correspondientes a los períodos 2023 y 2024, y reclamó una medida cautelar para que esos recursos sean transferidos de forma inmediata, con sus intereses, hasta el dictado de la sentencia definitiva.
La Corte, en línea con el dictamen de la Procuración General de la Nación, consideró que los hechos invocados justifican su intervención directa. Por razones de economía procesal, adoptó la misma decisión en los expedientes de La Rioja, La Pampa y Santiago del Estero.
Greenpeace advierte: 210.702 hectáreas perdidas y Argentina lejos de la meta de deforestación cero
El planteo de las provincias no llega solo. Un mes atrás, Greenpeace presentó ante la Corte Suprema una denuncia en la que alertó que durante 2025 la pérdida de bosques en el norte del país aumentó un 40% respecto al año anterior. La organización ecologista informó que la suma de áreas desmontadas e incendiadas arrojó una pérdida total de 210.702 hectáreas: Santiago del Estero lideró el triste ranking con 104.474 hectáreas, seguida por Chaco con 38.392, Salta con 34.067 y Formosa con 33.769.
En su escrito, Greenpeace advirtió que estas cifras demuestran que Argentina sigue lejos de cumplir con el compromiso de Deforestación Cero para 2030, firmado en 2021 en la Cumbre Climática de Glasgow (COP26) e incorporado posteriormente por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
La organización también calificó de «grave e inconstitucional» la intención, señalada desde el gobierno nacional y algunas provincias, de modificar la Ley de Bosques para habilitar más desmontes. Esta alerta transforma el expediente judicial en un doble frente: por un lado, la disputa por los fondos específicos; por el otro, la defensa de la norma que regula el uso del territorio forestal en todo el país.
Dato clave
En 2025, Argentina perdió 210.702 hectáreas de bosques nativos en el norte del país, un 40% más que el año anterior. El compromiso internacional de Deforestación Cero vence en 2030.
Con este nuevo capítulo judicial, la batalla por los bosques nativos argentinos alcanzó su máximo nivel institucional. La Corte Suprema quedó posicionada como árbitro final en un conflicto que cruza política fiscal, federalismo y crisis ambiental, en un país que enfrenta presiones simultáneas de recorte del gasto y cumplimiento de sus compromisos climáticos internacionales.