La Libertad Avanza retiró del proyecto de ley de propiedad privada la reforma al RENABAP tras el rechazo de sus bloques aliados, evitando un escenario de desalojos masivos que encendió alarmas en la Iglesia Católica y en organizaciones sociales. El capítulo más resistido queda en el freezer, pero el resto del paquete legislativo sigue su marcha.
El gobierno de Javier Milei retrocedió en uno de los puntos más polémicos de su agenda legislativa. La Libertad Avanza aceptó excluir del proyecto de ley sobre propiedad privada, actualmente en debate en el Senado, la reforma a la Ley de Barrios Populares —la 27.453—, que amenazaba con derogar la suspensión de desalojos vigente por diez años para miles de familias en situación de vulnerabilidad habitacional.
+4.000 barrios populares alcanzados por el RENABAP en todo el país
0,08% del suelo de barrios populares con título de propiedad tras 7 años de vigencia de la ley
La decisión fue confirmada por fuentes parlamentarias y marca un punto de inflexión en la estrategia legislativa del oficialismo. Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en la Cámara alta, oficia de principal negociadora para construir la mayoría que el oficialismo necesita con urgencia: apenas cuenta con 21 bancas propias y debe alcanzar al menos 37 votos para garantizar la aprobación del proyecto.
El capítulo eliminado proponía modificar de raíz la ley sancionada durante el gobierno de Mauricio Macri en 2018 y ampliada bajo la gestión de Alberto Fernández en 2022, que regula la integración sociourbana de los asentamientos incluidos en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). La iniciativa libertaria buscaba transferir competencias del Estado nacional a provincias y municipios, eliminar la suspensión de desalojos por diez años, suprimir el artículo que destina el 25% de las obras a organizaciones de los propios barrios y desmantelar los mecanismos de expropiación previstos en la norma.
Los bloques aliados —UCR, PRO, Provincias Unidas, el Frente de la Concordia misionero y distintos monobloques provinciales— consideraron esa modificación una bomba de tiempo social. La perspectiva de centenares de desalojos disparó el rechazo de la Iglesia Católica y de organizaciones sociales que trabajan en los territorios, sellando la suerte del capítulo.
El argumento oficial para justificar la reforma era contundente: tras siete años de vigencia, apenas el 0,08% del suelo de los barrios populares alcanzados por la norma tiene título de propiedad privada. Sin embargo, el costo político de avanzar sin red resultó demasiado alto, y La Libertad Avanza eligió retroceder para no quedarse sin ley.
Pese a la concesión en barrios populares, el proyecto mantiene varios artículos que prometen acalorado debate. Entre ellos, el régimen de desalojos exprés —que reduce de 10 a 3 días el plazo de intimación por falta de pago—, los cambios a la Ley de Manejo del Fuego —que elimina restricciones sobre la venta de tierras incendiadas durante 60 años— y mayores restricciones sobre las expropiaciones por parte del Estado. También permanece sobre la mesa la controvertida flexibilización de la ley de tierras rurales, que actualmente limita a 1.000 hectáreas la superficie que los extranjeros pueden adquirir en Argentina.
El objetivo del oficialismo es cerrar un acuerdo con los bloques dialoguistas y firmar un despacho de comisión entre miércoles y jueves para llevar el proyecto al recinto en una sesión prevista para el 14 de mayo. La marcha atrás en barrios populares es el primer gesto de negociación de un proyecto que, aun con modificaciones, sigue generando fuertes tensiones por su impacto económico, social y territorial.