Washington y Kinsasa sellan un pacto migratorio que acelera las deportaciones masivas de la era Trump: el país africano acogerá temporalmente a inmigrantes de otras naciones expulsados desde suelo estadounidense, en medio de crecientes críticas de organismos de derechos humanos y la Unión Africana.
En un giro inesperado de la política migratoria de Donald Trump, Estados Unidos y la República Democrática del Congo (RDC) han alcanzado un acuerdo para la deportación de migrantes de terceros países desde territorio norteamericano. Las expulsiones comenzarán este mismo mes de abril, según confirmó este domingo el Ministerio de Comunicación congoleño en un comunicado oficial publicado en la red social X.
El pacto, descrito por Kinsasa como un “dispositivo de acogida temporal”, se llevará a cabo en infraestructuras ubicadas en la zona metropolitana de la capital congoleña. Las autoridades africanas insistieron en que no se trata de una “reubicación permanente” ni de una “externalización de políticas migratorias”, sino de un mecanismo que respeta “la soberanía nacional y las exigencias de la seguridad interior”. Cada caso será examinado de forma individual, conforme a las leyes locales, y el Gobierno congoleño mantendrá “pleno control” sobre las decisiones de admisión, estancia y eventual retorno.
Uno de los puntos clave del acuerdo es que la República Democrática del Congo no asumirá ningún costo financiero. La “gestión logística y técnica” correrá íntegramente a cargo del Gobierno estadounidense a través de “estructuras especializadas en los movimientos de personas”, según detalló el Ministerio congoleño. “La gestión logística y técnica del dispositivo será garantizada por el Gobierno estadounidense”, reza el comunicado oficial.
Este nuevo pacto se enmarca en la agresiva campaña de deportaciones masivas impulsada por Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de 2025. Hasta la fecha, Washington ha firmado acuerdos similares con al menos siete países africanos –El Salvador, Esuatini, Ghana, Ruanda, Uganda, Sudán del Sur y Guinea Ecuatorial– y ha presionado a más de 30 gobiernos del continente para recibir a inmigrantes en situación irregular. Según un informe demócrata del Senado estadounidense, la Administración Trump ha gastado más de 40 millones de dólares (unos 33,8 millones de euros) en deportar a apenas 300 personas a terceros países en el último año.
Organizaciones internacionales de derechos humanos han reaccionado con dureza. Denuncian que estos acuerdos exponen a los migrantes a riesgos de detención arbitraria, malos tratos y posibles devoluciones forzadas a países donde podrían enfrentar persecución o tortura. La Unión Africana también ha criticado la estrategia de Estados Unidos por “externalizar” su gestión migratoria hacia naciones con menores recursos.
El acuerdo con la RDC coincide además con un acercamiento diplomático entre ambos países para intentar resolver el histórico conflicto en el este de la República Democrática del Congo, donde el Ejército enfrenta al rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23), respaldado por Ruanda. El conflicto, que se arrastra desde 1998 pese a la presencia de la misión de la ONU (Monusco), ha sido uno de los focos de tensión regional durante décadas.
Mientras el Gobierno congoleño defiende que el mecanismo garantiza un “seguimiento administrativo, de seguridad y humanitario eficaz”, analistas advierten que el pacto podría convertirse en un precedente peligroso para la política de mano dura contra la inmigración en la era Trump. Las primeras expulsiones bajo este acuerdo están programadas para las próximas semanas, en un contexto de máxima tensión migratoria global.