La reforma de la Ley de Glaciares, que modifica la protección de más de 16.000 cuerpos de hielo y habilita actividades extractivas en zonas periglaciares, generó una fuerte controversia política y ambiental tras su sanción en la Cámara de Diputados. Un gobernador presentó un amparo colectivo para suspender su aplicación inmediata, mientras el sector minero proyecta inversiones por US$ 35.000 millones y un salto en exportaciones que podría alcanzar los US$ 40.000 millones anuales para 2035.
En una sesión que se extendió hasta la madrugada del jueves, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley 26.639 con 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones. La iniciativa, impulsada por el Gobierno y respaldada por gobernadores de provincias mineras, redefine el alcance de la protección: ya no abarca de forma amplia el ambiente periglacial, sino solo aquellos glaciares y suelos congelados con función hídrica efectiva comprobable. Las provincias ahora tendrán mayor poder para categorizar estas zonas y autorizar minería e hidrocarburos en áreas que no aporten significativamente a las cuencas hidrográficas.
La votación marca un punto de inflexión en el debate entre desarrollo económico y preservación ambiental. El oficialismo celebró el avance como una medida clave para destrabar proyectos y generar previsibilidad jurídica. Sin embargo, opositores y organizaciones ambientalistas advirtieron sobre riesgos irreversibles para las reservas hídricas del país.
Datos clave del retroceso glaciar revelan la urgencia del tema: según el IANIGLA, en la última década algunos sectores del noroeste argentino perdieron hasta un 17% de su masa de hielo. Argentina cuenta con más de 16.000 cuerpos de hielo inventariados (exactamente 16.968 según el Inventario Nacional de Glaciares), que ocupan 8.484 km² —equivalente a 41 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires— y representan apenas el 0,4% del territorio nacional, pero abastecen de agua a más de 7 millones de personas en cuencas andinas.
El amparo judicial presentado por el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, en conjunto con la Universidad Nacional de La Pampa, la Fundación Chadileuvú y la Asamblea por los Ríos Pampeanos, eleva la tensión. La demanda, interpuesta ante el Juzgado Federal de Santa Rosa, pide declarar la inconstitucionalidad de la norma, su inconvencionalidad y la suspensión inmediata de su aplicación. Argumenta que la reforma viola derechos ambientales colectivos, el principio de no regresión del Acuerdo de Escazú y el acceso al agua, ya que La Pampa depende del río Colorado —de origen glacial— para el 45% de su población.
Desde el punto de vista económico, el impacto proyectado es significativo. La industria minera, que ya genera más de 100.000 puestos de trabajo directos e indirectos, anticipa que la reforma destrabará inversiones por US$ 30.000 a 35.000 millones, principalmente en cobre, oro y litio en provincias como San Juan, Catamarca y La Rioja. Según un informe de JP Morgan, las exportaciones mineras podrían escalar a US$ 40.000 millones anuales para 2035, con un crecimiento exponencial que multiplicaría la contribución actual del sector —que en 2025 superó los US$ 6.000 millones, un 70% más que hace una década—.
La reforma mantiene prohibiciones estrictas en áreas con función hídrica comprobada y exige Evaluación de Impacto Ambiental, con principio precautorio. Sin embargo, el traslado de facultades a las provincias genera incertidumbre jurídica, según advierten especialistas, y podría derivar en múltiples litigios que frenen las inversiones que busca atraer.
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