Mientras América Latina avanza en créditos de carbono y acuerdos bilaterales bajo el Acuerdo de París, Argentina sigue sin presentar su NDC 3.0, la clave para ingresar al mercado regulado internacional que ya moviliza inversiones millonarias.
El mundo del mercado de carbono atraviesa una transformación estructural y la Argentina tiene todo para ser protagonista. Tiene bosques, tiene campo, tiene potencial técnico acumulado en dos décadas. Tiene, también, un problema: todavía discute las reglas del juego mientras otros países ya juegan.
Países de América Latina avanzan con marcos regulatorios y mecanismos de comercio de créditos de carbono, mientras la Argentina, con un gran potencial de generación de esos créditos, sigue debatiendo las condiciones necesarias para hacerlo. Ese diagnóstico pertenece a Juan Pedro Cano, coordinador de la Mesa Argentina de Carbono, quien advierte que la situación local continúa siendo incipiente y que los proyectos nacionales tienen un alcance todavía limitado.
La cifra que lo explica todo
El mercado internacional del Artículo 6 del Acuerdo de París paga entre dos y cinco veces más por crédito de carbono que el mercado voluntario actual. Esa brecha cambia radicalmente la ecuación económica y hace viables proyectos de gran envergadura en energía, ganadería, bosques y gestión de residuos que hoy no logran financiarse dentro del país. A nivel global, este mercado moviliza cerca de 100.000 millones de dólares anuales, con estándares de calidad y verificación cada vez más exigentes.
Gracias a su biodiversidad y a su balance positivo de carbono, la Argentina podría generar más de 9.000 millones de dólares en el mercado de créditos de carbono, posicionándose como un proveedor relevante de soluciones de compensación de alta integridad.
El problema: Argentina está afuera del circuito
Más de 70 países ya incorporaron el Artículo 6 en sus nuevas NDC y existen más de 100 acuerdos bilaterales firmados, con naciones como Japón, Suiza, Singapur, Corea y Noruega entre los principales compradores. Del lado de los vendedores se destacan Chile, Paraguay, Perú, Costa Rica, Ghana, Kenia e Indonesia. La Argentina, señalan desde la Mesa, todavía está excluida de ese circuito porque no presentó su NDC 3.0 ante las Naciones Unidas, lo que impide la firma de acuerdos bilaterales y la participación plena en el mercado regulado.
La Mesa Argentina de Carbono destaca que la presentación de la nueva NDC 3.0 es la llave maestra para insertar al país en un mercado internacional que ya moviliza inversiones millonarias en la región, y que su implementación podría duplicar y en algunos casos quintuplicar el valor de las exportaciones de créditos de carbono.
Marco legal: proyecto en el Congreso desde 2024
La Mesa Argentina de Carbono impulsó un proyecto de ley presentado en el Congreso en noviembre de 2024 para establecer definiciones sobre propiedad de los créditos, intervención estatal y condiciones de operación. El objetivo es generar previsibilidad con un marco que permita atraer inversiones de largo plazo. Sin ese piso normativo, los desarrolladores privados no tienen certeza sobre quién es dueño de los derechos de carbono en tierras fiscales o bosques nativos, ni cómo se evita la doble contabilidad de los créditos.
Las provincias no esperan
Mientras el debate regulatorio avanza en el plano nacional con ritmo propio, algunas jurisdicciones provinciales ya se mueven. Neuquén, por ejemplo, comenzó a solicitar información sobre emisiones a empresas vinculadas a la actividad hidrocarburífera, en un primer paso hacia políticas que incentiven la mitigación y compensación de emisiones.
El esquema permitiría canalizar inversiones directas hacia provincias con alto potencial forestal, agropecuario y de energías renovables, fortaleciendo un modelo de desarrollo más federal basado en la valorización del capital natural.
La presión externa ya llegó
El tiempo no juega a favor de la inacción. Entre los beneficios de avanzar se destacan el ingreso de divisas por exportación de activos ambientales, el acceso a financiamiento a tasas más competitivas y una mejor preparación frente al Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera de la Unión Europea, que comenzó a regir plenamente en 2026. Ese instrumento europeo, conocido como CBAM, impone un costo adicional a las importaciones que no acrediten estándares climáticos, lo que afecta directamente a los exportadores argentinos.
Para países como Argentina, con gran potencial en proyectos vinculados a bosques, ganadería y agricultura, el contexto global de mayor exigencia en integridad ambiental y transparencia representa una oportunidad relevante para atraer inversiones y desarrollar proyectos de carbono con impacto ambiental y económico real, señaló el mismo Cano en declaraciones recientes.
La conclusión del sector privado
El mercado de carbono argentino todavía está en construcción. Si el país logra definir reglas claras, puede transformar su capital natural en una nueva fuente de ingresos y posicionarse como proveedor global de reducciones de emisiones. Para las empresas exportadoras o integradas a cadenas globales de valor, el camino está trazado: medir, reducir y, cuando no sea posible avanzar más, compensar con créditos de alta integridad.
La pregunta es si el Estado argentino encontrará la velocidad que el mercado ya no está dispuesto a esperar.