La minería submarina promete minerales críticos para la energía limpia, pero científicos alertan sobre impactos ecológicos irreversibles en ecosistemas abisales intactos durante millones de años.
A más de 4.000 metros bajo la superficie del Pacífico, una máquina de 70 toneladas avanzó como un tanque por el fondo marino, aspirando nódulos polimetálicos repletos de cobre, manganeso, cobalto y níquel. La prueba piloto de 2022 de la empresa canadiense The Metals Company fue calificada como un éxito. Ahora, la firma busca luz verde para explotar comercialmente 65.000 kilómetros cuadrados y extraer más de 600 millones de toneladas de estos tesoros submarinos.
Mientras el mundo acelera la transición energética hacia energías renovables y vehículos eléctricos, la demanda de minerales críticos se dispara. Según la Agencia Internacional de la Energía, la necesidad de litio podría multiplicarse por 4,7 para 2040 y la de cobre por 1,3. Países como China, India y Nauru, junto con 31 iniciativas de empresas y gobiernos, ven en el fondo oceánico la solución rápida. Sin embargo, el costo ambiental de esta minería en profundidades oceánicas genera un debate global cada vez más urgente.
La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA), responsable de regular estas actividades en aguas internacionales, lleva más de una década elaborando un código minero. Las negociaciones se estancaron en julio de 2025 y se reanudaron recientemente, pero sin acuerdo sobre cómo medir y mitigar los impactos ecológicos. El tiempo apremia: la minería comercial podría autorizarse este mismo año, incluso antes de que existan normas definitivas. Nauru explora una laguna legal para forzar permisos, mientras The Metals Company busca aprobación unilateral en Estados Unidos, que no forma parte del tratado de la ISA.
Los defensores argumentan que la minería en profundidades oceánicas generaría menos residuos y problemas sociales que las minas terrestres. Citan estudios que sugieren una recuperación relativamente rápida de la fauna (en un año) y de las comunidades microbianas (en 50 años), frente a los siglos que tardan los suelos y bosques destruidos en tierra. “Merece ser considerado en este contexto de decisiones difíciles”, afirma el científico Saleem Ali, de la Universidad de Delaware.
Pero la evidencia científica apunta en dirección opuesta. Ecólogos como Anna Metaxas, de la Universidad de Dalhousie, y Matthias Haeckel, del Centro Helmholtz GEOMAR, advierten de lagunas de conocimiento enormes. Los nódulos polimetálicos forman hábitats únicos para miles de especies adaptadas a la oscuridad, el silencio y la estabilidad. Las máquinas de extracción provocan plumas de sedimentos que asfixian organismos, ruido y luz artificial que los desorientan, y liberación de metales tóxicos. “Es probable que los efectos sean a largo plazo”, concluyen revisiones científicas.
Más de 40 países, liderados por Palaos, exigen una moratoria inmediata o prohibición total hasta que se comprendan plenamente los riesgos. “Nuestros datos son demasiado escasos para comparar con la minería terrestre”, coinciden los expertos. Expediciones como el proyecto europeo MiningImpact regresarán este año a las zonas de prueba para evaluar la recuperación real cinco años después.
La minería en profundidades oceánicas no es solo una cuestión técnica: es una decisión ética sobre el futuro de los océanos, que cubren el 70% del planeta y regulan el clima global. Mientras se multiplican las llamadas a nuevas minas terrestres –se necesitarían al menos 85 de litio y 35 de cobre para 2050–, la pregunta persiste: ¿vale la pena arriesgar los últimos ecosistemas vírgenes del planeta por acelerar la transición verde?
El reloj corre. La próxima reunión del Consejo de la ISA en julio podría definir si la humanidad elige explorar las profundidades o protegerlas. El costo ambiental de esa elección será medido en generaciones.