Recorte presupuestario a las universidades públicas en Argentina, Ley de Financiamiento Universitario y crisis salarial: el Ejecutivo nacional enfrenta hoy el límite impuesto por la Justicia para actualizar salarios y becas, en un conflicto que acumula una caída real del 45,6% en transferencias desde 2023 y amenaza con paralizar el sistema educativo superior.
El Gobierno nacional entró en la recta final de un pulso institucional de alto voltaje. Hoy vence el plazo fijado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal para que el Ejecutivo cumpla con los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, que obligan a actualizar salarios y becas de las más de 60 universidades públicas del país. La sentencia, confirmada hace dos semanas, fue calificada por los jueces como un revés para argumentos que tildaron de “poco serios”. De no haber respuesta, el Frente Universitario –que reúne a rectorados, gremios y estudiantes– ya anunció una movilización masiva en la primera quincena de mayo, similar a las dos marchas multitudinarias previas que conmovieron la opinión pública.
Según cálculos del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las transferencias a las universidades nacionales acumulan una caída real del 45,6% entre 2023 y abril de 2026, una contracción inédita que compromete el funcionamiento cotidiano de las casas de estudios. Para cumplir en su totalidad con la ley –incluidos gastos de funcionamiento–, el Gobierno debería desembolsar 2,5 billones de pesos. El propio CIN reclama 7,3 billones de pesos para 2026, frente a los 4,8 billones previstos en el Presupuesto nacional, lo que representaría un recorte adicional del 34% en términos reales respecto a 2023 y dejaría la inversión en educación superior en el 0,47% del PBI, el nivel más bajo en las últimas dos décadas.
El impacto económico es concreto y demoledor. Los trabajadores universitarios acumulan 17 meses consecutivos de caída salarial, con una pérdida real del 33,7% según el último informe de la Federación de Docentes Universitarios (FEDUN) y el Centro Interamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación. Esa pérdida equivale a 7,3 salarios mensuales menos desde noviembre de 2023, cuando se compara el incremento salarial del 158% contra una inflación acumulada del 280%. Para recuperar el poder adquisitivo se necesitaría un ajuste superior al 50%. Los gastos de funcionamiento, mientras tanto, operan al 40% de los niveles de enero de 2023.
“Si no hay respuestas de las autoridades, si no se cumple la ley del Congreso, si no se respeta lo que ordenó la Justicia, vamos a volver a convocar a la sociedad argentina”, advirtió Franco Bartolacci, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario. Por su parte, Daniel Ricci, secretario general de FEDUN, fue categórico: “No hay ningún argumento para que no destinen los fondos. Se convertiría en un gobierno profundamente antidemocrático, ilegítimo e ilegal si no cumple”. Ningún funcionario de los ministerios de Capital Humano, Economía ni Educación respondió consultas de este medio sobre la estrategia ante la obligación judicial.
El conflicto trasciende lo salarial. Mientras el Ejecutivo no habilita las partidas, las universidades realizaron una vigilia de 24 horas con clases magistrales públicas, atención sanitaria gratuita y muestras científicas que demostraron que “la universidad no se apaga, se prende”. La Federación Universitaria Argentina (FUA) y la CONADU confirmaron que, sin respuestas en los próximos días, la protesta escalará a nivel nacional. “Lo que está en juego es el sistema democrático y republicano mismo”, alertó Anselmo Torres, rector de la Universidad Nacional de Río Negro y vicepresidente del CIN.
En un contexto de escándalos políticos y caída de imagen presidencial, el ataque a las universidades públicas se convierte en un nuevo frente de tensión que cala hondo en la sociedad. La Justicia podría aplicar multas y sanciones a los funcionarios responsables si persiste el incumplimiento. El Consejo Interuniversitario Nacional ya presentó una denuncia formal ante los tribunales y exigió la convocatoria urgente a la paritaria nacional docente.
La cuenta regresiva está en marcha. Hoy se define si el Gobierno respeta la división de poderes o profundiza un conflicto que, según todos los actores del Frente Universitario, solo tiene una respuesta posible en las calles: la defensa irrestricta de la educación pública gratuita y de calidad.
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