Un juzgado federal dictó una medida cautelar que obliga al Ministerio de Capital Humano a sostener las prestaciones económicas del programa Volver al Trabajo hasta que haya sentencia definitiva, en un nuevo revés judicial para el Gobierno de Javier Milei en materia de política social y derechos laborales.
La Justicia federal le asestó este martes un golpe directo al plan de ajuste del Gobierno nacional al ordenar que se mantengan los pagos a 900.000 beneficiarios del programa Volver al Trabajo, cuya eliminación había anunciado el Ministerio de Capital Humano para reemplazarlo por un esquema de vouchers. Cada beneficiario percibe alrededor de $80.000 mensuales.
La resolución fue dictada por el Juzgado Federal de Campana, que hizo lugar a una medida cautelar presentada contra la interrupción del plan prevista para el mes de mayo. El tribunal ordenó al Estado Nacional «que mantenga la vigencia de las prestaciones económicas que percibían los beneficiarios del Programa Volver al Trabajo, dentro del plazo de tres días de notificada la presente y hasta que se dicte sentencia definitiva«.
El fallo advirtió que eliminar el programa sin una alternativa adecuada afecta derechos básicos de sectores vulnerables. En su resolución, el magistrado señaló que «el corte abrupto estatal de las prestaciones sin prever ni implementar medidas efectivas que lo reemplacen compromete los derechos de los trabajadores a condiciones dignas y equitativas de labor, a la seguridad social, el acceso a un nivel de vida adecuado y el disfrute del más alto nivel posible de la salud».
El tribunal también subrayó que estos beneficios poseen un «profundo contenido social» y que su cancelación en el contexto actual podría resultar «arbitraria e irrazonable«.
El sistema de vouchers propuesto por el Gobierno quedó descartado como alternativa equivalente. El juez consideró que «la referencia genérica de vouchers destinados a capacitación no aparece como una medida equivalente a las prestaciones monetarias que sus beneficiarios, personas en condición de vulnerabilidad, venían recibiendo, ni que éstos logren cubrir las prestaciones básicas que aquellas asignaciones mensuales atendían».
Para conceder la cautelar, el juzgado también ponderó la urgencia de la situación, al señalar que «se vislumbra el peligro en la demora por la finalización en el corriente mes de la prestación publicada el pasado 7 de abril en las redes institucionales del Ministerio de Capital Humano».
El fallo concluye que «el no hacer lugar a la medida con la premura que el caso amerita tornaría ilusorio el derecho alegado», dejando en claro que la verosimilitud del derecho invocado por los demandantes estaba plenamente acreditada.
La decisión se suma a una serie de reveses judiciales que el Gobierno de Milei ha cosechado en su avance sobre programas sociales y laborales, en un escenario donde la Justicia emerge como el principal contrapeso institucional frente a las reformas del Poder Ejecutivo.