El Gobierno nacional publicó los pliegos para avanzar con la privatización de AySA, la empresa que provee agua potable y cloacas a millones de usuarios en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano. Se trata de un esquema que implica la venta del 90% del paquete accionario y un nuevo marco regulatorio que garantiza ajustes mensuales de tarifas por inflación, en un proceso que revive el modelo de los años 90.
El pliego actual plantea un modelo de transferencia radicalmente distinto al de la década de los noventa, aunque mantiene el espíritu de entrega a operadores privados. El Estado busca desprenderse del 90% de las acciones, dejando solo un 10% en manos de los trabajadores. Las deudas financieras acumuladas por AySA no se transferirán al nuevo comprador y serán absorbidas por el Tesoro Nacional, mientras que el operador privado deberá financiar las tareas de mantenimiento. Las grandes obras de infraestructura troncal, en cambio, quedarán sujetas a subsidios estatales o financiamiento internacional.
Actualización mensual de tarifas y mayor presión sobre los hogares
Uno de los puntos más polémicos del nuevo esquema es el incentivo tarifario: se proyecta un cuadro normativo que garantiza la actualización mensual de las tarifas según inflación. Esto representa un cambio estructural respecto de los límites previos y busca hacer más atractiva la empresa para inversores.
Especialistas estiman que el impacto en las tarifas residenciales podría traducirse en incrementos sostenidos, superiores al ritmo de los salarios en muchos casos. Ya se aplican ajustes del orden del 3% mensual en los últimos meses como transición, y el nuevo contrato de concesión a 30 años prioriza la rentabilidad del operador. Organizaciones de usuarios advierten sobre posibles cortes por falta de pago ante el mayor peso en los bolsillos de las familias.
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Lecciones de las privatizaciones de los 90: un antecedente controvertido
La experiencia anterior con la privatización del servicio bajo la gestión de Aguas Argentinas (concesionada a Suez) no fue exitosa. Durante esos años se registraron paralización de obras de extensión, aumentos tarifarios significativos y problemas de calidad y contaminación. La cobertura de agua potable y cloacas era menor a la actual. Tras la reestatización en 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner, AySA logró ampliar el acceso: la cobertura de agua potable pasó del 76% al 85% y la de cloacas del 57% al 72%, según datos históricos.
Críticos sostienen que el actual proceso repite riesgos del pasado: priorizar la rentabilidad privada sobre el acceso universal a un servicio esencial. Defensores del modelo argumentan que la gestión privada traerá mayor eficiencia, inversión y reducción del gasto público.
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El remate de AySA marca un nuevo capítulo en la agenda de privatizaciones del Gobierno. Mientras se licita el paquete accionario mayoritario a un operador estratégico, la discusión sobre el derecho al agua como bien esencial vuelve al centro del debate público en la Argentina. Los próximos meses definirán si esta transferencia logra los objetivos de inversión prometidos o si genera nuevos conflictos por el acceso al servicio básico para millones de hogares.