Investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba desarrollan un Índice de Pobreza Multidimensional con 27 indicadores en 7 dimensiones que incluyen violencia de género, brecha digital y acceso efectivo a derechos. Los primeros resultados para Córdoba llegarán entre julio y agosto de 2026, en medio del debate sobre la medición oficial bajo el gobierno de Milei.
Mientras el Gobierno nacional exhibe la baja de la pobreza por ingresos como uno de los principales logros de la gestión de Javier Milei, un equipo de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) avanza con una herramienta que promete mostrar una fotografía social muy diferente: el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM), que medirá privaciones estructurales que el indicador oficial del INDEC no contempla.
El proyecto es impulsado por el Observatorio Social y Cultural para el Desarrollo Sostenible de la UNC y está encabezado por Adrián Moneta Pizarro, profesor titular de Econometría de la Facultad de Ciencias Económicas. Su premisa es contundente: la medición tradicional tiene límites que distorsionan la realidad.
«La pobreza tal como la mide actualmente el INDEC no alcanza para captar privaciones estructurales. Mide una pobreza muy coyuntural.»
— Adrián Moneta Pizarro, UNC
El argumento central del equipo es que el esquema oficial, basado exclusivamente en ingresos monetarios y en la Canasta Básica Total, puede clasificar como pobre a una familia con ingresos momentáneamente bajos pero con patrimonio consolidado, y al mismo tiempo dejar fuera del registro a un hogar que vive sin agua potable, sin cloacas o con niños fuera del sistema educativo, si ese mes tuvo entradas algo mayores por changas o ingresos extraordinarios.
Siete dimensiones, 27 indicadores
La propuesta de la UNC construye el índice sobre siete dimensiones y 27 indicadores que capturan condiciones de vida efectivas, lejos de la mirada puramente monetaria:
01: Vivienda
02: Servicios públicos y equipamiento urbano
03: Ambiente
04: Educación
05: Comunidad y equidad social
06: Inclusión económica y laboral
07: Nutrición, bienestar y salud
Entre las variables inéditas para este tipo de medición en Argentina se destacan la brecha digital, la violencia de género, la discriminación, la seguridad, las redes de apoyo comunitario y el acceso efectivo a derechos. También se evaluará la estabilidad laboral, el acceso a la seguridad social y el peso de los alimentos dentro del gasto familiar.
Treinta investigadores y más de un año de trabajo
El desarrollo metodológico insumió más de un año y convocó a más de 30 investigadores de seis facultades: economistas, contadores, sociólogos, médicos, odontólogos y cientistas políticos. El desafío principal, según Moneta Pizarro, fue lograr acuerdos entre disciplinas que no hablan el mismo idioma. El proceso partió de 78 indicadores posibles, que mediante rondas de consenso entre expertos y validaciones estadísticas se redujeron primero a 58 y finalmente a los 27 definitivos.
Además, el equipo realizó una encuesta piloto sobre 97 hogares y 245 personas en Córdoba Capital y zonas periféricas, donde los propios participantes evaluaron la relevancia de las privaciones propuestas. La coincidencia entre la valoración social y el criterio experto fue, según los investigadores, un respaldo metodológico clave.
Una encuesta provincial y resultados en julio
La etapa central del proyecto comenzará en junio, con un trabajo de campo sobre entre 1.300 y 1.400 hogares distribuidos en toda la provincia de Córdoba. A diferencia de otros estudios similares, el relevamiento tendrá representación provincial real y no se limitará a los principales aglomerados urbanos. Para ello, se movilizarán entre 30 y 40 encuestadores.
Los primeros resultados estarán disponibles entre julio y agosto de 2026, con la intención de publicar el indicador con periodicidad anual en adelante. Aún resta definir si todas las dimensiones tendrán la misma ponderación o si algunas pesarán más en función de la valoración estadística y social que arroje la muestra.
El INDEC en el centro del debate
El proyecto surge en un contexto en que la discusión sobre cómo se mide la pobreza en Argentina volvió al centro de la agenda pública. Para Moneta Pizarro, la medición por ingresos «subestima» la situación estructural de muchos hogares, en parte porque la inflación y la volatilidad salarial generan subdeclaración y distorsionan los resultados.
«Muchas personas no recuerdan exactamente cuánto ganaron el último mes porque los ingresos cambian todo el tiempo. Los indicadores estructurales tienen mayor estabilidad.»
— Adrián Moneta Pizarro, UNC
El estudio es financiado íntegramente por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNC, en medio de un contexto de fuerte restricción presupuestaria para las universidades públicas. Sin embargo, ya despertó el interés del Gobierno provincial: el equipo mantiene conversaciones con la Dirección General de Estadística y Censos de Córdoba para que la herramienta pueda transformarse eventualmente en un instrumento oficial de medición permanente.