El próximo jueves el Senado tratará un proyecto clave que eliminaría los límites a la propiedad extranjera de tierras en Argentina, con el aval de varios gobernadores. Esta medida, impulsada por el Gobierno de Javier Milei, no solo redefine el ordenamiento impositivo y financiero, sino que define la matriz de control de los recursos naturales y la soberanía del suelo argentino para las próximas décadas.
El debate trasciende lo económico y se instala en el corazón de la discusión sobre quién controlará los bienes estratégicos del país. Organizaciones ambientales, científicas y comunidades originarias advierten sobre los riesgos de extranjerización masiva, pérdida de soberanía nacional y desarraigo local de las poblaciones que dependen de esos territorios.
Según datos del Observatorio de Tierras, alrededor del 5% del territorio argentino –más de 13 millones de hectáreas– ya está en manos extranjeras. El caso emblemático de Lago Escondido, en Río Negro, donde el empresario británico Joe Lewis controla miles de hectáreas y restringe el acceso público, ilustra los potenciales escenarios de enclave que podrían multiplicarse.
La iniciativa, incluida en el proyecto de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” impulsado por Federico Sturzenegger, busca derogar la Ley 26.737 de Tierras Rurales, sancionada en 2011, que establece un tope del 15% para la propiedad extranjera y restricciones en zonas de frontera, cuerpos de agua y áreas estratégicas.
Apoyo de los gobernadores y federalismo selectivo
Tras negociaciones intensas, el oficialismo consiguió el respaldo de gobernadores al incluir un artículo que delega en las provincias la decisión final sobre la venta de tierras a extranjeros. Patricia Bullrich, jefa del bloque oficialista en el Senado, presentó esto como “federalismo puro”, aunque críticos lo ven como una forma de fragmentar la defensa de la soberanía nacional.
“Si la ley de Tierras Rurales se modifica, el valor de la tierra se dispararía y haría muy difícil el acceso para productores que hacen circular el desarrollo local”, alertó Julieta Caggiano, del Observatorio de Tierras. Las economías extractivas en forma de enclave suelen impedir el uso de los espacios por parte de las poblaciones locales, generando desarraigo y concentración de la riqueza.
El Gobierno argumenta que la eliminación de restricciones atraerá más de 15.000 millones de dólares en inversiones. Sin embargo, el peronismo y diversas organizaciones sostienen que se habilitaría la compra de tierras estratégicas por parte de grandes corporaciones internacionales, comprometiendo la integridad territorial.
El debate del jueves: soberanía en juego
El tratamiento legislativo del próximo jueves no representa solamente una discusión técnica sobre propiedad privada. Pone en juego el modelo de desarrollo del país: si se prioriza la llegada de capitales sin controles o si se preserva la capacidad del Estado y las comunidades locales de decidir sobre los recursos naturales.
Advertencias por soberanía y desarraigo local resuenan con fuerza. Históricamente, la extranjerización de la tierra se aceleró en los 2000 con el boom de los commodities. La ley vigente surgió precisamente para poner un freno a ese proceso. Su eventual derogación podría profundizar la tendencia y generar consecuencias irreversibles para las generaciones futuras.
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El resultado de la votación en el Senado marcará un precedente decisivo sobre el futuro del territorio nacional. Mientras el oficialismo celebra la llegada de inversiones, sectores opositores y de la sociedad civil llaman a preservar el control argentino sobre su propio suelo. La discusión recién comienza, pero sus efectos se extenderán por décadas.