Un estudio de la Universidad Politécnica de Madrid revela que la transición al vehículo eléctrico mejora la salud pública pero destruye empleo de calidad, traslada riesgos laborales a países en desarrollo y puede reducir hasta un 96 % la recaudación fiscal por vehículo frente a los motores de combustión.
El debate sobre la movilidad del futuro dejó de ser exclusivamente ambiental. Un análisis científico publicado por la Universidad Politécnica de Madrid en The Conversation demuestra que la elección entre un auto eléctrico y uno de combustión interna arrastra consecuencias económicas y sociales de enorme profundidad: afecta al empleo, los salarios, la salud pública y la recaudación del Estado, y sus efectos no son siempre los que el imaginario colectivo supone.
La investigación, basada en una revisión bibliográfica de estudios científicos que evalúan el ciclo de vida completo del transporte rodado, pone de manifiesto que la sostenibilidad de un vehículo va mucho más allá de las emisiones de su tubo de escape.
El auto de combustión crea más empleo y mejor pagado
La industria del automóvil genera 1,2 millones de puestos de trabajo directos e indirectos en España, según el Observatorio del Transporte y la Logística. Sin embargo, no todas las tecnologías crean empleo de la misma manera ni con las mismas condiciones.
Los vehículos de combustión interna encabezan la generación de empleo gracias a su extensa cadena de valor: extracción, refino y distribución de combustibles, fabricación de motores y mantenimiento. Esa cadena, además, ofrece los salarios más altos del sector, al involucrar industrias históricamente bien retribuidas como la del petróleo.
Los vehículos eléctricos de batería, en cambio, generan menos empleo por su menor intensidad laboral. Su cadena de valor pivota sobre la producción de electricidad y la fabricación de baterías, sectores que dependen en gran medida de la minería de litio, cobalto y níquel; actividades con salarios generalmente bajos y condiciones laborales precarias, concentradas en países del Sur Global.
«La electrificación, aunque puede ser beneficiosa ambientalmente, podría desplazar empleo a zonas con menor protección laboral.»
Las tecnologías híbridas e híbridas enchufables se ubican en una posición intermedia en todas estas variables.
Menos muertos en las ciudades, más accidentes en las minas
En el plano de la salud pública, los vehículos eléctricos presentan una ventaja nítida. Durante la fase de uso solo emiten partículas por abrasión y desgaste, lo que reduce drásticamente la contaminación atmosférica urbana. Los coches de gasolina y diésel, por el contrario, generan óxidos de nitrógeno, partículas y monóxido de carbono, responsables de miles de muertes prematuras al año.
El análisis confirma que la electrificación del transporte representa una mejora clara en salud pública, especialmente cuando la electricidad procede de fuentes renovables. No obstante, este beneficio tiene una cara oculta: los vehículos eléctricos de batería acumulan el mayor número de lesiones laborales no fatales de toda la comparativa, derivadas de los riesgos en la extracción y procesamiento de los materiales para sus baterías.
Dicho de otro modo: el coche eléctrico salva vidas en Madrid o Barcelona, pero aumenta los accidentes laborales en las minas de la República Democrática del Congo o Bolivia.
El Estado recaudará menos con la electrificación masiva
Uno de los hallazgos más relevantes del estudio atañe directamente a las arcas públicas. Los vehículos de combustión interna son, con diferencia, los que más impuestos generan a lo largo de su ciclo de vida. Su dependencia estructural del petróleo, un recurso gravado en múltiples fases, produce una recaudación constante y elevada: impuesto de hidrocarburos, IVA en cada repostaje, tasas de circulación y tributos sobre la industria auxiliar.
Los coches eléctrico12s alimentados con energía renovable subvencionada representan el escenario de menor presión fiscal. Algunos estudios apuntan a que estos vehículos pueden generar hasta un 96 % menos en impuestos que un automóvil de combustión equivalente. Una cifra que plantea una pregunta incómoda para los gobiernos que impulsan la transición: ¿quién compensará ese agujero fiscal?
El contexto geográfico matiza esta conclusión. Los regímenes tributarios varían sensiblemente entre países, y los resultados deben interpretarse según las condiciones fiscales locales de cada mercado.
Una transición que exige política industrial, no solo ambiental
El estudio concluye que los impactos sociales de los vehículos dependen de factores como el origen de la energía eléctrica, el diseño de la cadena de suministro y la estructura fiscal del país donde se produce cada etapa del ciclo de vida. La reciente publicación de la norma ISO 14075, que por primera vez incorpora factores sociales a la evaluación del ciclo de vida de los productos, representa un avance en la medición de estas variables.
El mensaje de fondo es claro: apostar por el vehículo eléctrico como solución única a la crisis climática implica asumir costes sociales que hasta ahora permanecen invisibles en el debate público. La transición energética en el transporte no es solo una cuestión de emisiones; es, sobre todo, una decisión de política industrial, laboral y fiscal que los gobiernos todavía no han resuelto.