El Congreso de Bolivia dio este martes un paso sin precedentes en la historia reciente del país: con más de dos tercios de los votos en la Cámara de Diputados, derogó la ley que desde 2020 regulaba y limitaba la aplicación de estados de excepción, despejando el camino para que el presidente Rodrigo Paz despliegue a las Fuerzas Armadas en las calles y restrinja libertades civiles fundamentales.
La medida, que ya había sido aprobada previamente por el Senado, solo aguarda la promulgación del Ejecutivo. Bolivia atraviesa así su crisis política y social más profunda en cuatro décadas.
El origen: cuando el combustible encendió la mecha
La crisis no estalló de un día para otro. Fue el resultado de una acumulación de tensiones que el gobierno de Paz, con apenas seis meses en el cargo, no logró gestionar.
El primer detonante fue estructural: en diciembre de 2025, el gobierno eliminó el subsidio a los combustibles, decisión que disparó el precio del diésel en un 170% sin ningún acompañamiento de aumentos salariales. El golpe fue doble: meses después, ciudadanos y transportistas denunciaron la circulación masiva de gasolina adulterada, que dañó motores y vehículos en todo el país, profundizando el malestar popular.
A eso se sumaron dos decisiones que encendieron a los sectores más organizados del campo y la ciudad. En marzo y abril, el gobierno impulsó la apertura del mercado eléctrico a capitales privados y sancionó la Ley 1720, una norma de reclasificación de tierras que campesinos e indígenas de la Amazonía interpretaron como un avance sobre sus propiedades. Durante 28 días, centenares de indígenas amazónicos caminaron desde la región de Pando hasta La Paz para exigir su anulación.
El punto de inflexión: la alianza que cambió todo
El 1 de mayo de 2026, la Central Obrera Boliviana (COB) declaró un paro general indefinido. Sus demandas iniciales eran concretas: un aumento salarial del 20%, mejoras en el abastecimiento de combustible y la derogación de la Ley 1720. Pero el conflicto pronto adquirió una dimensión política de otra escala.
El 6 de mayo, los principales sindicatos firmaron un pacto para exigir directamente la renuncia del presidente Paz, acusándolo de «incapacidad» para gobernar. Esa declaración transformó una movilización sectorial en un pulso abierto por el poder.
El 11 de mayo, una columna de centenares de seguidores del expresidente Evo Morales partió desde la localidad andina de Caracollo hacia La Paz, en un recorrido de casi 190 kilómetros, para sumarse a las protestas. La marcha coincidió con la emisión de una segunda orden de captura contra Morales, acusado en sede judicial de trata agravada de personas. Para sus seguidores, el proceso judicial era una persecución política. Para el gobierno, la marcha era parte de un plan orquestado para desestabilizar el país.
Paz derogó la Ley 1720 el 13 de mayo, pero el daño ya estaba hecho. El gesto llegó tarde y fue leído como una señal de debilidad.
El bloqueo total: La Paz sitiada
Lo que siguió fue una escalada de consecuencias humanitarias directas. La Paz cumplió 20 días completamente aislada por bloqueos de carreteras que se extendieron a cinco regiones del país. En su punto de mayor intensidad, se registraron más de 50 puntos de bloqueo activos en siete departamentos.
El resultado fue una crisis de desabastecimiento sin precedentes recientes: escasez de alimentos, corte del suministro de combustibles y falta de insumos médicos, especialmente crítica en La Paz, El Alto y Oruro. El conflicto ya dejó al menos cuatro muertos, decenas de heridos y alrededor de 150 personas detenidas.
El gobierno intentó el 16 de mayo una operación policial y militar para abrir un «corredor humanitario» en las carreteras de acceso a las ciudades. La acción dejó 57 personas aprehendidas, pero los campesinos retomaron los bloqueos horas después. El 18 de mayo, la marcha morelista ingresó a La Paz y desató enfrentamientos violentos con más de 120 detenidos en una sola jornada.
La respuesta: militares en las calles
Ante el fracaso del diálogo y la incapacidad de la policía para despejar las rutas, el gobierno activó la vía legislativa. El Senado aprobó sorpresivamente el domingo el proyecto para derogar la Ley 1341, que fijaba plazos, causales, rendición de cuentas y responsabilidades penales para quienes declararan el estado de excepción. El martes, la Cámara de Diputados completó el proceso tras más de cinco horas de debate en sesión virtual, con 117 de los 130 diputados presentes.
«La protesta y la huelga están garantizadas. No podemos tolerar este tipo de actos violentos ni que un militar o un policía sea golpeado», declaró el diputado Manolo Rojas, del Partido Demócrata Cristiano, defensor de la medida.
Con la derogación, Paz podrá declarar el estado de excepción sin necesidad de autorización del Congreso y desplegar las Fuerzas Armadas con una capacidad de intervención más amplia que la que tenía la policía. Los estados de excepción también restringen las libertades de movilidad y reunión, las herramientas centrales de la protesta.
No todos estuvieron de acuerdo. La diputada Sonia Siñani advirtió que la medida echará «gasolina al fuego». Su colega Edwin Valda alertó sobre el riesgo de violaciones a los derechos humanos. El dirigente minero Nelson Álvarez calificó la derogación de un retroceso democrático.
Desde Santa Cruz, la región más poblada del país, el presidente del Comité Cívico Stello Cochamanidis habló incluso de «golpe de Estado» y llamó a la población a defender el «libre tránsito».
Un presidente contra el reloj
Rodrigo Paz llega a esta instancia como un mandatario políticamente erosionado. El analista político José Orlanda Peralta, de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, sintetizó el diagnóstico: «El manejo político ha sido deficiente».
A la crisis interna se sumó un conflicto diplomático con Colombia, luego de que el presidente Gustavo Petro realizara declaraciones que Bolivia calificó de «injerencia». Estados Unidos y varios gobiernos de la región, en cambio, respaldaron a Paz.
El presidente ya anunció la reducción de su salario y el de sus ministros en un 50%, un gesto que no logró apagar las brasas. Las protestas continúan. Las marchas que exigen su renuncia no se detienen. Y ahora, con los militares como herramienta disponible, Bolivia enfrenta la pregunta que define sus crisis históricas más dramáticas: hasta dónde está dispuesto a llegar un gobierno para sobrevivir.