Tras 12 horas de debate polarizado, el oficialismo logra imponer su mayoría y modifica la ley 26.639 con 137 votos a favor: avance clave para el RIGI y la minería en provincias.
La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada de este jueves la modificación a la Ley de Glaciares, una iniciativa del Ejecutivo que busca aclarar la aplicación de la norma de 2010 y facilitar grandes inversiones bajo el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI). El resultado fue contundente: 137 votos afirmativos, 111 negativos y solo 3 abstenciones.
El debate, que se extendió desde las 15 del miércoles hasta pasadas las 2:30, expuso la grieta entre el oficialismo y la oposición. La Libertad Avanza, con el respaldo de bloques aliados y gobernadores de provincias mineras, defendió la reforma como un paso necesario para eliminar “ambigüedades” que, según argumentaron, paralizaban el desarrollo económico sin comprometer la protección real de los glaciares.
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, siguió el cierre de la sesión desde el balcón de invitados, en un gesto que el jefe de bloque libertario, Gabriel Bornoroni, celebró públicamente. “Todos deberían votar con las dos manos esta ley”, afirmó Bornoroni antes de la votación única.
La diputada Silvana Giudici (LLA) cerró el debate con dureza: acusó a la oposición de haber generado el “saffarrancho” en la ley original y defendió el rol científico del IANIGLA. “Miren la diferencia entre Catamarca, San Juan, Mendoza… y compárenla con La Rioja o Santa Cruz”, lanzó en medio de silbidos y aplausos.
Desde la oposición, el rechazo fue unánime y vehemente. Diputados de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda advirtieron que la reforma habilita la explotación minera en zonas periglaciares y pone en riesgo las reservas estratégicas de agua. Pablo Todero (UP) la calificó de “cochina” y denunció que se busca “vender los glaciares”. Juan Grabois la comparó con “poner a Yiya Murano en el tanque de tu casa”. Miguel Ángel Pichetto, que votó en contra de la ley original en 2010, ratificó su posición: “No existe ningún argumento técnico, económico ni político que avale este cambio”.
Fuera del Congreso, organizaciones ambientalistas como Greenpeace marcharon en todo el país contra la iniciativa. El Gobierno respondió a través de su Oficina de Respuesta Oficial: “La reforma no toca la protección de glaciares ni ambientes periglaciales, solo aclara con precisión científica qué es lo que siempre se protegió”.
La reforma a la Ley de Glaciares ahora espera su sanción definitiva en el Senado, donde ya cuenta con media sanción desde febrero. El oficialismo celebra un triunfo legislativo que, según sus impulsores, destraba inversiones y devuelve autonomía a las provincias. La oposición promete judicializar la norma y advierte que el costo ambiental lo pagarán las futuras generaciones.
En una Argentina dividida entre desarrollo y preservación, la Ley de Glaciares vuelve al centro de la escena: un debate que trasciende el Congreso y se instala en la agenda nacional.