El Gobierno avanza en una reforma tributaria que ampliará el alcance del Impuesto a las Ganancias sobre los trabajadores en relación de dependencia, alcanzando a un millón más de personas y reduciendo las deducciones permitidas, aunque promete bajar la alícuota máxima al 25%. Una vez más, los asalariados pagan los costos del ajuste fiscal.
En un contexto de negociaciones con el FMI, el Ejecutivo busca que el 20% de los trabajadores y jubilados tributen este impuesto, similar a lo ocurrido durante el gobierno de Mauricio Macri. Actualmente, solo alrededor del 10% (aproximadamente 1.055.431 personas entre asalariados y jubilados) afronta retenciones por Ganancias. La propuesta implica bajar el mínimo no imponible y simplificar –es decir, recortar– las deducciones, impactando directamente en el salario neto de la clase media.
Para miles de familias, este cambio se traducirá en menos dinero disponible cada mes. Aunque se menciona una reducción de la tasa máxima del 35% al 25%, la ampliación de la base y la eliminación de deducciones históricamente desactualizadas (como las de automóvil o créditos hipotecarios) significan que más trabajadores de ingresos medios verán mermados sus ingresos.
«Siempre son los mismos los que pagan los platos rotos», advierten analistas. Los asalariados, que ya enfrentan inflación y ajustes salariales por debajo de las expectativas, volverán a ser el principal sostén de la recaudación.
De Uriburu a la actualidad: un impuesto «provisorio» que castiga a los trabajadores
Este tributo tiene una larga historia de promesas incumplidas. Creado en 1932 durante el gobierno de facto de José Félix Uriburu como Impuesto a los Réditos, surgió como una medida de emergencia para paliar el déficit fiscal tras la Gran Depresión. Se presentó como temporal, con vigencia hasta 1934, pero nunca desapareció.
Inicialmente gravaba principalmente a empresas y grandes capitales. Fue en 1973, bajo la tercera presidencia de Juan Domingo Perón, cuando se extendió plenamente a las personas físicas y, especialmente, a la cuarta categoría: los trabajadores en relación de dependencia. Desde entonces, a lo largo de más de 90 años, los asalariados han sido los principales contribuyentes, mientras que sucesivos gobiernos –independientemente del signo político– recurrieron a este instrumento en momentos de crisis.
Siempre los trabajadores terminan financiando el Estado con sus sueldos, mientras las grandes fortunas y sectores concentrados encuentran resquicios o beneficios especiales.
Hacia la reforma de diciembre 2026
Según fuentes oficiales, la reforma prevista para fin de año buscará simplicidad y previsibilidad, con menos deducciones complicadas y una base más amplia. El objetivo: recaudar alrededor de 0,4% adicional del PBI según estimaciones del FMI. Sin embargo, para los empleados, el mensaje es claro: menos neto en el recibo de sueldo.
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Los trabajadores argentinos, protagonistas involuntarios de esta historia de casi un siglo, vuelven a estar en el centro del debate. Mientras se discute la reforma, la pregunta persiste: ¿hasta cuándo el salario será sinónimo de ganancia para el fisco?