El Estado peruano oficializó su adhesión al Compromiso Intergubernamental sobre la Tenencia de la Tierra, un pacto internacional que protegerá 68 millones de hectáreas de bosques y reforzará los derechos territoriales de 51 pueblos indígenas frente a la crisis climática.
El Perú acaba de dar uno de los pasos más significativos de su historia ambiental reciente. El Ministerio de Relaciones Exteriores comunicó a la Secretaría de la Alianza de Líderes por los Bosques y el Clima (FCLP) la adhesión oficial del país al Compromiso Intergubernamental sobre la Tenencia de la Tierra (ILTC), una iniciativa que convoca a los gobiernos del mundo a detener y revertir la deforestación para el año 2030.
Con esta decisión, el país sudamericano se incorpora a una red de naciones que reconocen el vínculo directo entre los derechos territoriales de los pueblos originarios y la conservación de los ecosistemas forestales. No es un gesto simbólico: la adhesión activa compromisos concretos de política pública, financiamiento y cooperación internacional.
La Amazonía peruana alberga más de 68 millones de hectáreas de bosques y constituye el hogar de aproximadamente 51 pueblos indígenas, cuyas prácticas ancestrales han preservado uno de los pulmones más vitales del planeta.
Una hoja de ruta para tres ministerios y los territorios indígenas
La implementación del acuerdo recaerá sobre tres carteras del Estado trabajando de manera articulada: el Ministerio del Ambiente (Minam), el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) y el Ministerio de Cultura (Mincul). El objetivo inmediato es construir una hoja de ruta que garantice la seguridad jurídica y territorial de las comunidades indígenas amazónicas, condición que el propio gobierno reconoce como indispensable para alcanzar las metas de conservación ambiental.
El proceso contempla la participación activa de los gobiernos regionales y de las organizaciones indígenas, con el propósito de que la implementación sea efectivamente participativa y responda a las realidades específicas de cada territorio.
La directora general de Cambio Climático y Desertificación del Minam, Jessica Moscoso, subrayó que la incorporación de múltiples actores permitirá consolidar mecanismos más efectivos para la gestión de los bosques y para proteger a las comunidades que dependen directamente de ellos.
Financiamiento climático y cooperación internacional en juego
Más allá de los compromisos en materia de conservación, la adhesión al ILTC abre al Perú las puertas a nuevas fuentes de financiamiento climático y cooperación internacional. El gobierno estima que esta incorporación permitirá atraer recursos destinados a proyectos de restauración de ecosistemas y desarrollo sostenible en las regiones amazónicas, áreas que históricamente han enfrentado restricciones presupuestarias para implementar políticas ambientales de largo plazo.
Las acciones derivadas del acuerdo se articularán con el Paquete País del Perú: Acción Climática por los Bosques y la Naturaleza, una estrategia nacional que busca acelerar la protección de los ecosistemas forestales. Todo ello se enmarca, además, en la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático y en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), los instrumentos que orientan la política climática peruana ante los compromisos asumidos frente a la comunidad internacional.
La deforestación: el enemigo que no da tregua
La urgencia de esta adhesión se entiende mejor en contexto. El Perú ha perdido, en las últimas décadas, una superficie de bosques equivalente a once veces el tamaño de Lima. La deforestación avanza impulsada por la minería ilegal, la expansión agrícola no regulada y la tala indiscriminada, poniendo en riesgo no solo la biodiversidad amazónica, sino también los ciclos hídricos que sostienen la vida en gran parte del continente.
Frente a este escenario, el ingreso al ILTC representa una apuesta estratégica: reconocer que las comunidades indígenas son los custodios más eficaces del bosque y que fortalecer sus derechos territoriales es la intervención ambiental con mejor relación costo-beneficio disponible. El cambio climático no espera, y el Perú parece haber decidido que tampoco puede esperar su respuesta.