A tres años del estallido del conflicto armado, más de 33 millones de personas en Sudán dependen de asistencia humanitaria para sobrevivir, mientras los fondos internacionales se desploman a niveles históricos. Las agencias de la ONU y las principales organizaciones no gubernamentales solo han recibido el 8% de los recursos necesarios para sostener la respuesta regional, en lo que expertos califican como un fracaso político sin precedentes.
El mayor éxodo humano del planeta queda sin respuesta
Sudán se ha convertido en el epicentro mundial del desplazamiento forzado. Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), más de 11,6 millones de personas han sido arrancadas de sus hogares desde que en abril de 2023 estalló el enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas de Sudán (SAF) y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF). De ese total, 4,4 millones han cruzado las fronteras hacia siete países vecinos —Chad, República Centroafricana, Egipto, Etiopía, Libia, Sudán del Sur y Uganda—, mientras que 6,8 millones permanecen desplazados dentro del propio territorio sudanés.
La cifra convierte a los sudaneses en la mayor población desplazada fuera de su país en toda África. Uno de cada cuatro habitantes es hoy una persona desplazada. Uno de cada seis desplazados internos en el mundo proviene de Sudán.
Hambre como arma de guerra
La magnitud de la catástrofe alimentaria no tiene precedentes en la historia reciente. Más de 21 millones de personas sufren inseguridad alimentaria aguda y la hambruna ha sido confirmada oficialmente en múltiples zonas del país. De las tres hambrunas declaradas formalmente en todo el mundo, dos se concentran en Sudán, un dato que refleja la gravedad extrema de la situación.
Las partes en conflicto utilizan la ayuda humanitaria como instrumento de presión, bloqueando su distribución y convirtiendo el acceso a alimentos en moneda de cambio. Esta práctica contraviene el derecho internacional humanitario y ha sido denunciada por organizaciones como Amnistía Internacional y Oxfam. A ello se suman los obstáculos burocráticos y la inseguridad generalizada, que impiden que la asistencia llegue a quienes más la necesitan.
Entre el 70% y el 80% de las infraestructuras sanitarias están fuera de servicio. La destrucción de los sistemas de agua y saneamiento ha desencadenado brotes de cólera y otras enfermedades en varias regiones
El colapso de la financiación internacional
Mientras el número de personas necesitadas no deja de crecer, el dinero se evapora. Las agencias humanitarias, incluido ACNUR, han recibido únicamente el 16% de los 2.800 millones de dólares necesarios para operar dentro de Sudán, y apenas el 8% de los 1.600 millones requeridos para la respuesta regional.
El retroceso de Estados Unidos ha agudizado la crisis financiera: las contribuciones norteamericanas cayeron un 54% en 2025, hasta los 39,9 millones de dólares, una cifra que apenas cubrió el 9,8% de las necesidades en el territorio.
Oxfam ilustra el efecto concreto de estos recortes con datos contundentes: en Renk, Sudán del Sur, la organización pasó de asistir a más de 40.000 personas antes de los recortes a poco más de 7.000 en la actualidad. La directora de Oxfam en África, Fati N’Zi-Hassane, lo calificó como un fracaso político contundente y advirtió que es devastador que los recortes obliguen a reducir drásticamente los programas de apoyo en el momento de mayor necesidad.
Los países vecinos al límite
Los territorios de acogida cargan con una presión que supera su capacidad. Chad ha recibido a más de 919.100 refugiados sudaneses desde abril de 2023. Las estimaciones señalan que más de tres millones de personas en ese país necesitarán asistencia alimentaria durante el período crítico de escasez previsto entre julio y septiembre de 2026.
La situación en los campos es alarmante. En el este de Chad, más de 71.000 familias refugiadas no han recibido ayuda para acceder a un cobijo adecuado. En el asentamiento de Kiryandongo, Uganda, el cierre de clínicas y la suspensión de programas nutricionales han dejado a miles de refugiados expuestos a enfermedades. En Chad, uno de cada diez niños menores de cinco años recién llegados sufre desnutrición aguda severa.
Ante la falta de rutas seguras y la reducción de la asistencia, el riesgo de tráfico de personas se ha disparado. El año pasado, el número de refugiados sudaneses que llegó a Europa casi se triplicó.
Violencia sin tregua y señales de genocidio
Desde el inicio del conflicto, Amnistía Internacional ha documentado ataques sistemáticos contra la población civil por parte de ambas fuerzas. Los crímenes incluyen homicidios deliberados, violación masiva, esclavitud sexual, tortura, desapariciones forzadas y saqueos. En zonas como El Fasher, la violación es utilizada como arma de guerra.
La misión independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU señaló en su informe de febrero de 2026 que las atrocidades cometidas durante la toma de El Fasher constituyen indicios de genocidio que deben investigarse en los tribunales internacionales competentes.
La secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, fue categórica: el de Sudán no es un conflicto olvidado, sino ignorado y postergado deliberadamente.
La conferencia de Berlín y las exigencias de la sociedad civil
A mediados de abril, Alemania y la Unión Africana convocaron en Berlín la tercera conferencia internacional sobre Sudán. Las ONG presentes exigieron compromisos concretos: financiación suficiente, flexible y predecible; acceso humanitario pleno y sin restricciones; protección efectiva de la población civil; y liderazgo de las organizaciones locales en la respuesta.
Sin un horizonte de paz y con recursos en retroceso, la advertencia de las agencias internacionales se vuelve cada vez más urgente: el coste humano, social y económico de la inacción seguirá aumentando, un precio que ni Sudán ni la comunidad internacional pueden seguir permitiéndose ignorar.