Uruguay avanza en eutanasia y muerte digna: el presidente Yamandú Orsi firmó este miércoles el decreto reglamentario de la Ley de Muerte Digna, que legaliza la eutanasia activa en el país y la convierte en el tercer nación latinoamericana en regularla tras Colombia y Ecuador. La norma, aprobada en octubre de 2025, garantiza el derecho a una muerte digna para pacientes terminales y coloca la dignidad humana en el centro del debate ético y sanitario.
Tras un proceso largo de debate, reflexión y escucha, el presidente Yamandú Orsi rubricó el decreto que pone en marcha la Ley de Muerte Digna, aprobada por el Senado en octubre de 2025. “La dignidad humana está en el centro de las decisiones más complejas. Firmé el decreto reglamentario de la Ley que regula la muerte médicamente asistida en Uruguay, luego de un proceso largo de debate, reflexión y escucha”, escribió el mandatario en su cuenta de Instagram.
Orsi recordó que hace seis meses se avanzó en la garantía de cuidados paliativos, porque “acompañar, aliviar y cuidar es parte esencial de cualquier decisión” en este terreno. “Sobre esa base, hoy damos este paso tras una conversación profunda, con raíces filosóficas, éticas y también personales, donde conviven distintas miradas, creencias y sensibilidades. Uruguay sigue construyendo acuerdos en los temas que más importan”, concluyó.
La ley establece condiciones estrictas para acceder al procedimiento: destinatarios son ciudadanos uruguayos (naturales o legales) y extranjeros con residencia habitual en el país; deben ser mayores de edad, psíquicamente aptos y cursar la etapa terminal de una patología incurable e irreversible o padecer sufrimientos insoportables con deterioro progresivo de su calidad de vida. La solicitud debe ser personal, por escrito y ante un médico; la voluntad es revocable en cualquier momento.
El próximo paso será la conformación de la Comisión Honoraria de Revisión, presidida por el Ministerio de Salud Pública (MSP), que supervisará cada procedimiento para garantizar el cumplimiento de la norma. De esta forma, Uruguay se posiciona como pionero regional en regular la eutanasia por vía legislativa, diferenciánEutanasiaURUGUAYdose de Argentina, donde solo es legal la eutanasia pasiva (rechazo de tratamientos, hidratación o alimentación artificial).
Estadísticas y contexto económico que respaldan el avanceEutanasia
La decisión llega con fuerte respaldo ciudadano. Encuestas recientes de CIFRA (abril 2025) y Encuestas del Plata (junio 2025) revelan que entre el 70% y el 74% de los uruguayos apoya la legalización de la eutanasia en casos terminales, un consenso estable desde 2020 que supera el 80% en mediciones anteriores del Sindicato Médico del Uruguay.
En el plano regional, Colombia —primer país latinoamericano en reglamentar la eutanasia en 2015— registra 1.044 procedimientos hasta diciembre de 2024, con un pico de 352 casos solo en 2024 (29,9% más que en 2023 y multiplicación por 88 en una década). Ecuador, segundo en despenalizarla en 2024, suma apenas un puñado de casos hasta 2025, con pacientes que fallecieron esperando respuesta.
Desde el ángulo económico, Uruguay ya lidera en Latinoamérica con una cobertura de cuidados paliativos del 74,9% para la población que los requiere (datos MSP 2020-2025), lo que posiciona al país en el noveno lugar mundial según el mapa global de 2025. Estudios de costo-efectividad en la región (como el realizado en Río Negro) demuestran que los cuidados paliativos organizados generan ahorros de entre 750 y 1.012 dólares por paciente al año al incrementar las muertes en domicilio y reducir hospitalizaciones prolongadas. La eutanasia reglamentada, como complemento y no sustituto de estos cuidados, podría optimizar recursos sanitarios en casos de sufrimiento insoportable, aliviando la carga económica del sistema sin comprometer la calidad del acompañamiento previo.
La Comisión Honoraria de Revisión no solo velará por el cumplimiento ético, sino que también generará informes anuales al Parlamento, permitiendo un seguimiento transparente del impacto sanitario y presupuestario de la norma.
Con este decreto, Uruguay reafirma su tradición de vanguardia en derechos y consolida un modelo que prioriza la autonomía individual sobre la prolongación artificial del sufrimiento. La dignidad ya no es solo un principio: es ley.
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