Santa Marta se convertirá en abril en el epicentro mundial de la transición energética: 85 países con un PIB combinado de 33,3 billones de dólares —superior al de Estados Unidos— se reunirán para trazar la hoja de ruta que elimine gradualmente el carbón, el gas y el petróleo.
A solo dos semanas de su inauguración, la Primera Conferencia Internacional sobre la Transición Justa para Abandonar los Combustibles Fósiles se perfila como la victoria climática más inesperada del año. El evento, copatrocinado por Colombia y Países Bajos, se celebrará los días 28 y 29 de abril de 2026 y reunirá a una “coalición de los dispuestos” que ya sumó apoyos en la fallida COP30 de Brasil, donde los petroestados bloquearon cualquier acuerdo vinculante.
A diferencia de las cumbres de la ONU, esta conferencia operará por mayoría y sin derecho a veto. Su objetivo es concreto: acordar soluciones prácticas para suprimir los 7 billones de dólares en subsidios anuales a los combustibles fósiles y redirigir las inversiones hacia energías limpias, sin abandonar a trabajadores ni comunidades dependientes. “Una coalición de esa magnitud que señale su intención de dejar atrás los combustibles fósiles enviaría un mensaje inequívoco: la era del petróleo, el gas y el carbón está llegando a su fin, y las inversiones inteligentes están cambiando”, afirmó Mohamed Adow, director de Power Shift Africa.
El peso económico de los participantes es abrumador. Los 85 países representados superan el PIB estadounidense (30,6 billones) y duplican el de China (19,4 billones). Si California —con sus 4,1 billones de dólares y su liderazgo en renovables— se suma, la cifra alcanzaría los 37,4 billones, un bloque que podría alterar para siempre los mercados financieros y forzar a las multinacionales a acelerar su descarbonización.
Colombia, quinto exportador mundial de carbón y país que en 2023 se sumó al llamado de no proliferación de fósiles, asume ahora un rol protagónico. El contraste no pasa desapercibido: mientras su economía aún depende del carbón, el Gobierno impulsa una cumbre que podría marcar el principio del fin de esa dependencia a escala global.
Los debates incluirán a activistas climáticos, líderes indígenas, sindicalistas y representantes de la sociedad civil. No se trata solo de reducir emisiones: se busca una transición justa que proteja empleos y economías locales. Los organizadores confían en que el encuentro genere compromisos concretos para reuniones de seguimiento y, sobre todo, un mensaje claro a los inversores: los activos fósiles están en riesgo de convertirse en “activos varados”.
En un planeta al borde del punto de no retorno, esta cumbre en Santa Marta representa algo más que una reunión diplomática. Es, según sus impulsores, el momento en que la voluntad colectiva de la mayoría del mundo —respaldada por el 80-89 % de la población global que exige medidas más fuertes contra el cambio climático— se traduce en acción económica irreversible.
