La invasión de hipopótamos en Colombia lleva más de 30 años sin solución para el legado invasor del narcotraficante que amenaza ecosistemas y comunidades.
El Gobierno colombiano dio un paso histórico y controvertido este 13 de abril de 2026: autorizó la eutanasia de al menos 80 hipopótamos descendientes de los cuatro ejemplares que Pablo Escobar importó ilegalmente en 1981. La medida, anunciada por la ministra encargada de Ambiente, Irene Vélez, busca frenar la expansión descontrolada de la mayor población de esta especie fuera de África, declarada especie exótica invasora desde 2022. Explicó que esta medida no es una elección, sino una necesidad: ningún país ha aceptado recibirlos y el traslado internacional resulta inviable por obstáculos logísticos, legales y genéticos.
Todo comenzó en la Hacienda Nápoles, la fastuosa finca de más de 2.000 hectáreas que Escobar convirtió en zoológico privado entre Medellín y Bogotá. Allí llegaron un macho y tres hembras de hipopótamos desde Estados Unidos. Tras la muerte del capo en 1993, el Estado confiscó la propiedad, trasladó o dejó morir al resto de animales exóticos, pero los hipopótamos –demasiado pesados, agresivos y difíciles de capturar– quedaron en libertad. Sin depredadores naturales y con agua y pastizales abundantes en la cuenca del Magdalena Medio, se reprodujeron sin control.
En 2009 ya sumaban 27 ejemplares. Para 2024, el Ministerio de Ambiente registró entre 180 y 200 individuos distribuidos en más de 43.000 kilómetros cuadrados. Un estudio de la Universidad de Florida estima un crecimiento anual del 9,6%. En febrero de 2026 fueron avistados en Barrancabermeja, Santander, a más de 200 kilómetros de su origen, e incluso uno bloqueó la vía férrea entre La Dorada y Santa Marta.
Los impactos son cada vez más graves. Los hipopótamos, tercer mamífero terrestre más pesado del planeta, alteran la química del agua con sus excrementos, provocan eutrofización y proliferación de cianobacterias. Desplazan especies nativas como el manatí, la nutria neotropical, el chigüiro y el caimán de anteojos, y consumen flora endémica en riesgo. Además, su agresividad genera temor en las comunidades: en mayo de 2020, un ejemplar atacó a Luis Enrique Díaz Flórez, de 44 años, en Puerto Triunfo, rompiéndole costillas y obligándolo a meses de recuperación. Hubo otro ataque registrado en 2021. También aplastan terneros, atacan embarcaciones de pescadores y bloquean caminos rurales.
Durante tres décadas, las autoridades intentaron todo sin éxito. En 2009, Cornare ordenó cazar tres ejemplares que amenazaban cultivos y personas; solo abatieron a uno apodado “Pepe”, pero las imágenes de su cadáver generaron tal rechazo público que se suspendió el plan. La esterilización quirúrgica cuesta más de 50.000 dólares por animal y resulta extremadamente riesgosa. Los traslados internacionales fracasaron: ofertas de zoológicos en México, Ecuador e India se toparon con imposibles permisos CITES.
La eutanasia autorizada para el segundo semestre de 2026 es la medida más drástica hasta ahora, pero expertos advierten que no resolverá el problema de raíz: decenas de ejemplares seguirán en libertad y la población podría superar los 1.000 individuos en pocos años si no se actúa con mayor contundencia.
Colombia enfrenta hoy el costo ambiental y social de una decisión tomada hace más de 40 años por el hombre más buscado del mundo. El legado de Pablo Escobar ya no es solo histórico: es una invasión que nadie ha podido frenar.