Mientras una tregua prorrogada por tres semanas rige nominalmente entre Israel y Líbano, el ejército israelí acelera la demolición sistemática de decenas de aldeas en el sur del país, imponiendo una “Línea Amarilla” que expertos de la ONU denuncian como una operación de limpieza étnica contraria al derecho internacional.
El plan, similar al aplicado en Gaza donde Israel controla más del 50% del territorio convertido en zona despoblada, busca crear una franja de seguridad de entre 4 y 8 kilómetros de profundidad desde la frontera, arrasando infraestructuras y viviendas para impedir el retorno de población civil, principalmente de mayoría chií vinculada a Hezbolá. Según datos del Consejo Nacional de Investigación Científica de Líbano, en los primeros tres días de la tregua —iniciada el 17 de abril— se destruyeron o dañaron gravemente 500 viviendas. Desde el 2 de marzo, la cifra supera las 50.000 viviendas afectadas en todo el sur.
Aldeas enteras como Jiam —totalmente arrasada a solo cinco kilómetros de la frontera—, Qantara, Beit Lif y Bint Jbeil han sido blanco de demoliciones controladas realizadas por empresas privadas contratadas por el Ejército israelí. El ministro de Defensa, Israel Katz, lo ha admitido abiertamente: el objetivo es “borrar las aldeas fronterizas demoliendo todas las casas” para eliminar posibles escondites de Hezbolá. El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, ha ido más lejos al proponer el río Litani —hasta 30 kilómetros al norte— como nueva frontera de facto.
Más de un millón de personas —casi un quinto de la población libanesa— permanecen desplazadas, y el retorno a 55 municipios meridionales está impedido por órdenes militares israelíes. Los habitantes observan desde la distancia cómo sus hogares, escuelas y comercios son reducidos a escombros. Informes periodísticos también documentan saqueos sistemáticos de bienes por parte de soldados, sin que los mandos adopten medidas disciplinarias.
Expertos de la ONU han elevado la voz con dureza. El relator especial Ben Saul calificó las acciones de “manifiestamente desproporcionadas” e ilegales, advirtiendo que el desplazamiento forzoso y la destrucción masiva de propiedad civil pueden constituir crímenes de guerra. “Se repite el modelo de Gaza”, alertó, comparándolo con tácticas de “tierra quemada” usadas en conflictos coloniales. Un comunicado previo de expertos de la ONU ya había alertado sobre el riesgo de repetir la devastación gazatí.
La comunidad internacional muestra divisiones. Mientras Estados Unidos, principal aliado de Israel, respalda diplomáticamente a Tel Aviv y blinda su posición en el Consejo de Seguridad, desde Europa y organismos multilaterales crecen las críticas. La alta representante de Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, ha acusado a Israel de “tensionar gravemente” la tregua. Más de 60 países miembros de la ONU expresaron “profunda preocupación” por la escalada en Líbano. Organizaciones de derechos humanos y analistas del Carnegie Middle East Center señalan que el objetivo parece ser evitar cualquier negociación real sobre el futuro de la zona con el Gobierno libanés.
En Líbano, donde el país ya arrastra una profunda crisis económica y política, la destrucción agrava una emergencia humanitaria sin precedentes. El presidente Joseph Aoun había celebrado la tregua como el inicio de “una nueva fase”, pero sobre el terreno la realidad es de continuas violaciones y un sur del país convertido en zona de exclusión.
La “Línea Amarilla” israelí no figura en los términos de la tregua prorrogada con mediación estadounidense, pero se impone sobre el terreno con miles de soldados y apoyo naval. Hezbolá, por su parte, mantiene que sus acciones responden a la ocupación y lanza proyectiles desde posiciones más al norte, lejos de la franja controlada.
Esta estrategia genera un debate urgente sobre los límites del derecho internacional en conflictos asimétricos y el futuro de la estabilidad en la frontera libanesa-israelí. Mientras las demoliciones continúan, la pregunta que recorre Oriente Medio es si la tregua servirá para reconstruir o si, por el contrario, consolidará una nueva realidad de facto de ocupación y desplazamiento masivo.
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La magnitud de la destrucción en decenas de aldeas y el drama de más de un millón de desplazados convierten este episodio en uno de los más graves de la crisis regional actual. El mundo observa. La historia juzgará.