Pensiones por invalidez ANSES, compatibilidad con empleo y personas con discapacidad enfrentan un giro controvertido en el Congreso. El Gobierno impulsa un proyecto de ley que busca suspender la pensión no contributiva por invalidez a quienes accedan a un empleo, reabriendo un viejo debate sobre si este beneficio debe ser exclusivo para quienes no pueden trabajar. Organizaciones advierten que la medida ignora la precariedad laboral y los altos costos asociados a la discapacidad.
Alejandro Cytrynbaum, secretario de la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA), lo califica como “un gravísimo error”. “Es muy poquito lo que se percibe, menos que una jubilación mínima. Nadie puede vivir solo con eso. Por eso, hay personas que, además, necesitan trabajar para complementar ese ingreso y tener una vida lo más digna posible”
En la actualidad, la pensión por invalidez equivale al 70% de la jubilación mínima. En abril de 2026, el haber base se ubica en torno a los $266.224, y con el bono extraordinario de $70.000 alcanza aproximadamente $336.224 mensuales. Este monto resulta claramente insuficiente frente a la canasta básica y, sobre todo, a los gastos extras que demandan las discapacidades: terapias privadas, medicamentos, traslados y adecuaciones que las obras sociales y prepagas cubren de manera insuficiente.
Explosión de beneficiarios y contexto económico
Las pensiones por invalidez experimentaron un crecimiento exponencial: pasaron de 76.000 beneficiarios en 2003 a cerca de 1,2 millones en los últimos años, un aumento superior al 1.300% en dos décadas. Esta expansión se produce en un contexto de alta inflación que erosiona el poder adquisitivo de las prestaciones más bajas, pese a los ajustes mensuales por IPC.
Sin embargo, el acceso al empleo para este colectivo sigue siendo dramáticamente bajo. Datos oficiales de 2023 revelan que solo el 12,6% de las personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) en edad económicamente activa tienen trabajo. En el caso específico del síndrome de Down, una encuesta de ASDRA y la Red Argentina T21 muestra que el 66% no cuenta con formación para el empleo y el 93% de quienes la obtuvieron no accede a un puesto laboral
Los pocos empleos conseguidos suelen ser de media jornada, con sueldos proporcionales que no alcanzan para cubrir las necesidades básicas. “Suelen ser puestos de media jornada y el sueldo va en proporción de las horas trabajadas. Es decir, no es un sueldo completo”, explica Cytrynbaum. A esto se suman las barreras estructurales: falta de ofertas laborales genuinas (la mayoría generadas por organizaciones de la sociedad civil “a pulmón”), ausencia de acompañamiento y adecuaciones razonables en los puestos, y la necesidad de facilitadores.
En el programa de inclusión laboral de ASDRA se lograron más de 100 colocaciones en roles como reposición en farmacias, fraccionamiento en laboratorios, tareas administrativas en registros automotores y atención en bares y restaurantes. Pero a nivel nacional, estas oportunidades siguen siendo “casi nada”.
Riesgos de la propuesta oficial
La iniciativa oficial, denominada “Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez”, propone reempadronar a los beneficiarios con cruces de datos y suspender el beneficio ante cualquier empleo registrado. Las organizaciones alertan que esto generaría un efecto disuasivo perverso: muchas personas optarían por rechazar ofertas laborales por temor a perder una prestación vitalicia y la cobertura de Incluir Salud.
“Si se la quitan, la van a estar condenando a la extrema pobreza”, advierte Cytrynbaum. Perder la pensión implicaría también quedar sin obra social, en un escenario donde los empleos son inestables y los gastos médicos elevados.
Históricamente, la pensión surgió como una ayuda para familias vulnerables y era incompatible con el trabajo. Tras años de reclamos, se logró la compatibilidad. Revertir ese avance sería, según las voces del sector, un paso regresivo que desincentiva la inclusión laboral real en lugar de promoverla.
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El debate trasciende los números y toca el núcleo de la dignidad: si una persona con discapacidad puede y quiere trabajar —aun en condiciones precarias—, ¿debe renunciar a un ingreso estatal mínimo para hacerlo? O, por el contrario, ¿el Estado debe garantizar que ambos ingresos sean posibles para alcanzar una vida digna en un país donde la tasa de empleo de este colectivo ronda apenas el 12,6% y la inflación sigue presionando los bolsillos más vulnerables?
La respuesta que dé el Congreso definirá no solo el destino de 1,2 millones de beneficiarios, sino el compromiso real de la sociedad argentina con la inclusión.