Organizaciones ambientales, juristas y ciudadanos impulsan un amparo colectivo para declarar inconstitucional la reforma que modifica la protección de los glaciares argentinos, cuestionada por la comunidad científica nacional e internacional.
900K: firmas recolectadas
1M: meta de adhesiones
Argentina atraviesa uno de sus mayores conflictos ambientales en años: el Poder Ejecutivo promulgó la nueva Ley de Glaciares, una norma que modifica por completo el régimen de protección de las reservas de agua dulce del país y que fue sancionada el 9 de abril pasado tras una trayectoria parlamentaria marcada por el debate y la tensión.
La respuesta ciudadana no tardó en llegar. En pocas semanas, casi 900 mil personas firmaron un documento de rechazo que será la base de una presentación judicial ante la Justicia. El objetivo es claro: lograr que un tribunal declare la inconstitucionalidad de la reforma.
«La meta es llegar al millón de firmas antes de la presentación del amparo colectivo.»
La acción legal está siendo impulsada por un conjunto de organizaciones civiles y ambientales que se nuclearon en torno a la causa. Las entidades que encabezan la iniciativa son la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas y Greenpeace, junto a numerosas organizaciones y asambleas de todo el país.
El rechazo a la nueva legislación no se limitó al activismo: la reforma fue cuestionada por la comunidad científica nacional e internacional, por asambleas ciudadanas, juristas, constitucionalistas, sectores eclesiásticos y organizaciones de la sociedad civil. Un frente de oposición inusualmente amplio que refleja la magnitud del conflicto.
Según informaron las organizaciones convocantes, en las próximas semanas se formalizará ante la Justicia la demanda colectiva en defensa del régimen de protección glaciar. La presentación irá acompañada por el respaldo masivo de los firmantes, en lo que se perfila como uno de los amparos ambientales colectivos más numerosos de la historia argentina.
La nueva normativa, según sus críticos, desprotege las reservas de agua dulce del país en beneficio de actividades extractivas como la minería. Sus defensores, en cambio, sostienen que actualiza un marco legal desactualizado y permite el desarrollo económico de las provincias andinas. El debate, lejos de cerrarse, acaba de pasar a la arena judicial.