El gobierno de La Libertad Avanza avanzó con la reglamentación de la reducción de los aportes patronales a través del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL). La medida exime a los empleadores de contribuciones sobre el nuevo personal contratado durante cuatro años, impactando directamente en asignaciones familiares, aportes jubilatorios y obras sociales.
Esta iniciativa, presentada como un estímulo a la creación de empleo, reaviva un debate histórico en Argentina: el límite entre la incentivación de la formalidad laboral y la precarización de los derechos de los trabajadores.
Entre el incentivo y la precarización
Según el decreto reglamentario, los empleadores no realizarán aportes patronales sobre el salario de los nuevos contratados en relación de dependencia. Esto implica una disminución en los recursos destinados a la seguridad social, con menor financiamiento para jubilaciones, asignaciones familiares y cobertura de salud a través de obras sociales.
Desde el oficialismo, se argumenta que la baja en las cargas laborales reducirá el costo de contratar formalmente, fomentando la generación de puestos de trabajo registrados en un contexto de alta informalidad. Sin embargo, críticos advierten que se trata de una transferencia de recursos del sistema de protección social hacia las ganancias empresarias, sin garantías de que derive en empleo genuino ni en mejoras salariales.
Historia de una medida recurrente: ¿éxito o más precarización?
La reducción de aportes patronales no es nueva en Argentina. Se aplicó en los años 90 durante el menemismo, con rebajas significativas que prometían derrame económico y mayor empleo. Los resultados fueron contrarios: no se registró un aumento sostenido del empleo formal, pero sí un desfinanciamiento de la seguridad social que contribuyó a la crisis de 2001.
Medidas similares se repitieron en 2009 y 2014, tanto en gobiernos kirchneristas como macristas. Estudios y análisis posteriores coinciden en que estas políticas no generaron el impacto esperado en la creación de empleo registrado, mientras profundizaron la informalidad y debilitaron las finanzas públicas. La informalidad laboral persistió, y los beneficios se concentraron en mayores márgenes de ganancia para las empresas sin una contrapartida clara en contrataciones estables.
En el caso actual del RIFL, la exención por cuatro años para nuevo personal plantea interrogantes similares: ¿estimulará realmente la demanda de trabajo o incentivará rotación de personal y contratos temporales para aprovechar la rebaja?
Reacción del sector empresario
La medida es bienvenida por el sector empresario, que históricamente reclama la baja de cargas laborales para mejorar competitividad. Cámaras y analistas del mundo de los negocios la ven como un paso hacia la modernización laboral y la atracción de inversiones, comparándola favorablemente con regímenes de países vecinos.
Sin embargo, incluso algunos funcionarios del gobierno expresaron sorpresa por la tibia reacción pública de las cámaras empresarias ante rebajas de hasta el 85% en aportes para nuevos empleos en reformas previas, lo que sugiere que las expectativas del mundo corporativo van más allá de esta medida puntual.
Esta reglamentación se enmarca en un paquete más amplio de cambios impulsados por La Libertad Avanza que buscan flexibilizar el mercado de trabajo. Mientras el Ejecutivo apuesta al “derrame” vía menores costos, sindicatos y especialistas en derechos laborales alertan sobre el riesgo de desmantelar protecciones conquistadas, en un país donde la calidad del empleo registrado sigue siendo un desafío estructural.
El tiempo dirá si esta vez la historia cambia o si, una vez más, la reducción de aportes patronales se traduce en menos derechos para los trabajadores sin contrapartida real en generación de empleo formal y de calidad.
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