El gobierno porteño descubrió una red de permisos vencidos, documentación adulterada y reservas a nombre de personas fallecidas que ocupaban ilegalmente el espacio público de la ciudad.
El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires protagonizó uno de los operativos de ordenamiento urbano más contundentes de los últimos años: en lo que va de 2026, removió alrededor de 300 carteles de estacionamiento reservado para personas con discapacidad por irregularidades o desactualizaciones.
La magnitud del fraude dejó en evidencia décadas de controles deficientes. Según informó el Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño, la mayoría de los espacios tenía permisos vencidos, mientras que otros pertenecían a ciudadanos fallecidos o contaban con documentación adulterada.
Los números del relevamiento son categóricos. Del total de espacios eliminados, el 76% correspondía a reservas vencidas, en mal estado o fuera de uso; el 11% a personas fallecidas; el 9% a adicionales adulterados sin regularización; y el 4% restante implicaba reservas no oficiales.
Pablo Bereciartua, ministro de Infraestructura y Movilidad porteño, salió a defender la medida en sus redes sociales y apuntó contra quienes se apropiaron indebidamente del espacio público. «Esto no va en contra de nadie que cumpla con la normativa. Si tenés tu CUD vigente y tu documentación en regla, tu lugar está garantizado. Se termina el abuso con los espacios que no le sirven a nadie pero le sacan lugar a todos», remarcó.
El funcionario también aportó datos concretos sobre el avance del operativo: en marzo, el Gobierno retiró 134 reservas que no cumplían con los requisitos, y en algunas cuadras existían hasta cuatro carteles para personas con discapacidad que no debían estar, como en la calle Arenales.
La acción se enmarca en una política más amplia de recuperación del espacio urbano. Desde el Ministerio subrayaron que el objetivo es «ampliar la oferta de estacionamiento y ordenar el uso del espacio público», garantizando un sistema «más transparente y equitativo» para los usuarios realmente habilitados.
El operativo no está exento de tensión política. El mismo gobierno que elimina carteles irregulares enfrenta cuestionamientos por otro frente: la iniciativa de construir estacionamientos subterráneos bajo plazas y parques porteños —con inversión íntegramente privada— generó el malestar de vecinos de Palermo, quienes advierten sobre posibles impactos ambientales y preocupaciones por la seguridad durante las obras.
Lo que queda claro es que el debate por el uso del espacio público en Buenos Aires está lejos de cerrarse. Mientras el gobierno exhibe números de irregularidades desmanteladas, quienes dependen genuinamente de esos espacios reservados aguardan que el reordenamiento se traduzca en lugares efectivamente disponibles cuando los necesiten.