El Senado de la Nación debate este jueves un controvertido proyecto de ley de propiedad privada que elimina las restricciones a la venta de tierras rurales a extranjeros, implementa desalojos exprés y modifica normas sobre expropiaciones e incendios. Esta iniciativa, impulsada por el oficialismo, busca fortalecer la seguridad jurídica y atraer inversiones, en un contexto donde más de 13 millones de hectáreas ya están en manos foráneas.
En una sesión clave que arranca a las 11, los senadores analizan el avance de la propiedad privada como eje central de la agenda legislativa. El proyecto, elaborado por el ministro Federico Sturzenegger, quita los límites actuales para que capitales extranjeros adquieran tierras rurales, siempre que no se trate de Estados extranjeros ni entidades con participación estatal significativa. Las provincias deberán autorizar estas operaciones, manteniendo su jurisdicción plena.
Según datos del Observatorio de Tierras del CONICET y la UBA, actualmente cerca del 5% del territorio nacional —equivalente a más de 13 millones de hectáreas, similar a la superficie de Inglaterra— está en manos de propietarios extranjeros. Estados Unidos lidera con 2,7 millones de hectáreas, seguido por Italia y España. En algunos departamentos, como San Carlos en Salta, la extranjerización supera el 50%, concentrándose en zonas estratégicas con agua dulce, litio y corredores logísticos.
Los defensores del proyecto argumentan que esta desregulación potenciará la inversión extranjera en el sector agropecuario, clave para la economía argentina. El país cuenta con más de 266 millones de hectáreas rurales aptas para explotación. La liberación podría dinamizar el mercado de tierras, generar empleo y aumentar la productividad en un sector que representa alrededor del 10-15% del PBI y gran parte de las exportaciones.
Sin embargo, críticos advierten sobre riesgos a la soberanía nacional y concentración de recursos estratégicos. Hasta 2015, el Registro Nacional de Tierras Rurales reportaba unas 16,25 millones de hectáreas en manos extranjeras (6,09% del total), con casi 2 millones vinculadas a paraísos fiscales.
El proyecto establece desalojos exprés para inmuebles usurpados y agiliza trámites en casos de incumplimiento de alquileres: 10 días para notificar y plazos judiciales reducidos. Para expropiaciones, el Estado deberá fundamentar con precisión y el máximo de indemnización por lucro cesante será del 30%, con intereses basados en el IPC más la tasa del Banco Nación.
Además, se deroga la prohibición de cambiar el uso del suelo por 30 años en predios rurales incendiados (excepto bosques nativos), una medida que busca facilitar la recuperación productiva.
La sesión también incluye la aprobación de 50 pliegos judiciales y un acuerdo para pagar 171 millones de dólares a fondos buitres (67 millones a Bainbridge y 104 millones a Attestor), con vencimiento el 30 de junio.
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Este debate marca un punto de inflexión en la política de tierras argentina. Mientras el oficialismo apuesta a mayor libertad económica para impulsar el crecimiento, la oposición y organizaciones sociales alertan sobre posibles impactos en la soberanía y el acceso a la vivienda. El resultado de la votación podría redefinir el mapa de la propiedad en el país.