La nueva ley de biocombustibles, impulsada por Patricia Bullrich, fija el corte de biodiesel en el 10% y el de etanol al 15%. El secretario de Energía advirtió que subir ese porcentaje encarecería el gasoil hasta un 10% y dejó a las provincias con margen para ir más lejos si lo financian solas.
El Gobierno nacional trazó una línea en el piso del debate sobre biocombustibles: el corte obligatorio de biodiesel en el gasoil no superará el 10% en la nueva ley que impulsa el Ejecutivo, y cualquier intento de llevarlo al 15% implicará, directamente, que la norma no salga. La advertencia la lanzó Daniel González, secretario de coordinación de Energía y Minería del Ministerio de Economía, durante el congreso de Maizar 2026 en Buenos Aires.
«Si alguno insiste con el corte al 15% del biodiesel no va a haber ley, porque el Estado nacional no puede pagar el costo fiscal y no estamos dispuestos a que el consumidor pague un mayor costo del gasoil.»Daniel González, Secretaría de Energía y Minería
El funcionario fue taxativo al describir la brecha de competitividad del biocombustible frente al derivado del petróleo: el biodiesel cuesta entre un 50% y un 100% más que el gasoil fósil. Con el barril de crudo a 70 dólares, esa diferencia se vuelve el doble. «Ahora, con el petróleo alto, la diferencia es menor. Pero nadie asume que el petróleo va a quedar en 100 dólares el barril», razonó González. La consecuencia directa de elevar el corte obligatorio, calculó, sería un aumento de entre el 5% y el 10% en el precio final en los surtidores, costo que recaería sobre los consumidores.
Qué dice el proyecto de Bullrich
La propuesta presentada en el Senado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich sube el corte de biodiesel del 7,5% al 10% y el de etanol en las naftas del 12% al 15%. En el caso del etanol, el esquema distribuye los cupos obligatorios: un 6% reservado para el etanol de maíz, otro 6% para el etanol de caña de azúcar, y el 3% restante queda librado al libre mercado. «El de maíz es más barato», reconoció González, lo que posiciona al cereal como el gran ganador de ese diferencial competitivo.
El proyecto además mantiene la exención impositiva para los biocombustibles con una estabilidad de 15 años y elimina el sistema de cupos y precios fijados desde la Secretaría de Energía. «Vamos a un mercado totalmente libre», subrayó el secretario, quien calificó al mecanismo actual de falta de transparencia y competencia: «¿Quién obtuvo el cupo y por qué? Siempre va a haber dudas». La nueva norma contempla un mercado a término y electrónico para los biocombustibles.
Pymes contra las grandes aceiteras: cinco años de transición
Uno de los nudos más conflictivos del debate es la disputa entre las grandes empresas aceiteras y las pymes productoras de biodiesel, que reclaman la reserva de una porción del mercado. El Gobierno reconoció que la transición hacia el libre mercado afectará a las empresas más pequeñas y prometió un período de adaptación de cinco años.
Sin embargo, González dejó en claro cuál es la brújula del Ejecutivo: «Al final del camino terminamos en un lugar: proteger al consumidor, que es al que nadie miró en todo este tiempo». En ese mismo sentido, advirtió que un aumento del corte beneficia al productor de biocombustible pero perjudica al Estado, porque implica menores ingresos impositivos. «Este es un gobierno que vino a bajar impuestos y podemos convivir con eso», dijo, aunque descartó absorber ese costo a escala mayor.
Las provincias, con margen propio
González dejó abierta una válvula de escape para los distritos que quieran ir más lejos: las provincias pueden fijar cortes más altos dentro de sus jurisdicciones si consiguen bocas de expendio y consumidores que acepten ese costo adicional. «Si la provincia ‘x’ está dispuesta a poner un corte del 18% y consigue gente dispuesta a poner bocas de expendio y consumidores dispuestos, está perfecto», señaló. El ejemplo apunta directamente a provincias como Santa Fe, cuya dirigencia política viene reclamando elevar el porcentaje al 15% para potenciar la industria local del biodiesel.
Con ese esquema, el Gobierno nacional evita pagar el costo político y fiscal de un corte más alto, al tiempo que no bloquea a las provincias productoras de soja o maíz que quieran impulsar la demanda regional de biocombustibles. La pelota queda, entonces, en la cancha de cada gobernador.