Una jueza riojana paralizó por 30 días el megaproyecto de cobre Vicuña, el mayor emprendimiento cuprífero de Argentina, y ordenó la instalación de retenes policiales para bloquear todo acceso de maquinaria y vehículos. El fallo, dictado el 16 de abril de 2026, escaló el histórico conflicto territorial entre La Rioja y San Juan y amenaza el cronograma de construcción de una inversión que ya comprometió 800 millones de dólares solo para 2026.
La magistrada María Greta Decker, de la Cámara de Chilecito, fundamentó la medida en la ausencia de permisos ambientales riojanos para el tránsito de más de 600 vehículos diarios por 140 kilómetros de rutas provinciales. El acceso histórico al yacimiento –ubicado en territorio sanjuanino– se realiza exclusivamente por Guandacol, en La Rioja, sin que la empresa haya presentado el correspondiente Estudio de Impacto Ambiental ante las autoridades locales.
“Se construyó desde ahí, se exploró desde ahí y hoy sigue ingresándose por ese lugar, con un movimiento de vehículos muy importante”, declaró el ministro de Trabajo, Empleo e Industria de La Rioja, Federico Bazán. El funcionario subrayó que el impacto logístico y ambiental debe compensarse con empleo local, desarrollo de proveedores y obras para los municipios aledaños.
El intendente de General Lamadrid, Luis Orqueda, fue aún más contundente: “El proyecto pasa por nuestro territorio y usa nuestros caminos, pero nuestra gente no está siendo tenida en cuenta”. Aunque unas 160 personas de La Rioja trabajan actualmente en el proyecto, las autoridades provinciales consideran esa cifra insuficiente para un emprendimiento de esta magnitud.
El conflicto no se limita al tránsito. La Rioja también cuestiona la prioridad de acceso eléctrico otorgada a Vicuña sobre el 90 % de la capacidad remanente de la línea Nueva San Juan-Rodeo y advierte sobre el riesgo al glaciar El Potro, excluido del Informe de Impacto Ambiental aprobado en San Juan.
Con la primera etapa de construcción prevista para el primer trimestre de 2027, el fallo judicial pone en jaque uno de los proyectos mineros más ambiciosos del país. Fuentes riojanas no descartan llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación si no se resuelve el diferendo en instancias inferiores.
El caso Vicuña expone una tensión estructural en la industria minera argentina: cuando la infraestructura de un megaproyecto cruza provincias, las compensaciones por empleo, ambiente y soberanía territorial dejan de ser opcionales. Lo que estaba llamado a ser el mayor polo de cobre del país enfrenta ahora su mayor prueba: no en la montaña, sino en los tribunales.