El gobierno de Javier Milei avanza con un nuevo régimen de incentivos extraordinarios para grandes inversiones tecnológicas y extractivas, diseñado a la medida de Silicon Valley, que profundiza el contraste con la crisis del entramado productivo local tras la Ley de Bases.
Mientras la industria manufacturera argentina registra caídas de dos dígitos en múltiples sectores y miles de pymes enfrentan procedimientos preventivos de crisis, el Ejecutivo envió al Congreso un Súper RIGI que promete reducción del Impuesto a las Ganancias al 15%, exenciones aduaneras y cambiarias, y blindaje legal por 30 años para proyectos millonarios.
El proyecto, que extiende y profundiza los incentivos del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) incluido en la Ley de Bases, busca atraer capitales de gigantes tecnológicos y energéticos. Milei recibió recientemente a figuras como Peter Thiel en la Casa Rosada, en un claro guiño a los intereses de Silicon Valley. El régimen garantiza estabilidad normativa y la posibilidad de dirimir controversias en tribunales internacionales como el CIADI, limitando la capacidad del Estado para regular o gravar estas inversiones futuras.
Contraste brutal con la realidad industrial local
Este impulso llega en medio de una política anti-industrial que, según análisis detallados, ha desmantelado mecanismos de protección y promoción construidos durante décadas. La derogación de la Ley de Compre Nacional, la eliminación del PRODEPRO, el aumento del Impuesto PAIS sobre insumos importados y la apertura indiscriminada de importaciones han golpeado duramente a las fábricas locales.
La industria representa una quinta parte del empleo registrado privado, con salarios por encima de la media y alto componente de innovación. Sin embargo, bajo este modelo, sectores manufactureros sufren recesión, aumento de tarifas energéticas superiores al 140% en algunos casos y desfinanciamiento de organismos clave como el INTI. Mientras se otorgan beneficios extraordinarios a proyectos de más de 200 millones de dólares, las pymes argentinas compiten en desventaja, sin preferencias por contenido local ni exigencias de contratación nacional equivalentes.
El RIGI original de la Ley de Bases ya generaba polémica por priorizar enclaves extractivistas orientados a la exportación —minería, energía, agro, tecnología— sin mecanismos robustos de derrame hacia la economía doméstica. La nueva versión “Súper” amplía esto a litio, baterías, hidrógeno verde y desarrollos tecnológicos, con amortización acelerada, exención de derechos de exportación y libre disponibilidad de divisas después de pocos años.
Debate económico: ¿inversión selectiva o desindustrialización?
Especialistas advierten que estos incentivos representan un aumento del gasto tributario que beneficia principalmente a grandes corporaciones extranjeras, mientras la recaudación se resiente por la recesión y la regresividad fiscal impulsada por la misma Ley de Bases. Lejos de una política industrial activa como la de Brasil —con subsidios masivos del BNDES y cuotas de importación—, Argentina opta por enclaves con baja integración local.
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Críticos sostienen que este esquema profundiza la reprimarización de la economía, priorizando la extracción y exportación de commodities y datos sobre el desarrollo de una matriz productiva diversificada y con valor agregado nacional. Los defensores argumentan que es necesario para atraer dólares en un contexto de cepo cambiario y necesidad de inversión.
Sin embargo, la experiencia de un año de Ley de Bases muestra resultados mixtos: escaso éxito del RIGI en atraer volúmenes transformadores, caída del empleo registrado en algunos rubros y persistente crisis en el tejido pyme.
El debate está abierto. Mientras el Gobierno acelera su agenda en Diputados, la industria local exige medidas urgentes que equilibren la atracción de capitales con la supervivencia y el crecimiento del entramado productivo argentino. El futuro económico del país se definirá en esta tensión entre incentivos excepcionales para los grandes jugadores globales y el sostén de la producción nacional.
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