El Gobierno envió al Senado un proyecto que deroga la emergencia vigente, impone controles cruzados entre ANSES y ARCA, y elimina los incentivos para contratar personas con discapacidad.
El gobierno de Javier Milei presentó ante el Senado de la Nación un proyecto de ley que reescribe de manera profunda el sistema de protección para personas con discapacidad en Argentina, en un momento políticamente delicado: la iniciativa llega mientras la Justicia exige al Ejecutivo que aplique la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad N° 27.793 que, hasta ahora, viene incumpliendo sistemáticamente.
El texto, denominado «Contra el Fraude de Pensiones por Invalidez», propone derogar los artículos 5, 8, 9, 14 y 20 de la ley vigente —aquellos que establecían criterios amplios de universalidad en el acceso a la ayuda estatal— y retrotraer el sistema a un modelo anterior al de la emergencia.
Reempadronamiento o suspensión automática
El punto más polémico es el reempadronamiento obligatorio para todos los titulares de pensiones por invalidez. Quienes no acrediten nuevamente su condición médica, su situación socioeconómica y sus antecedentes laborales quedarán sujetos a la suspensión automática de la pensión y, posteriormente, a la pérdida definitiva del beneficio. La norma también habilitaría suspensiones «preventivas» ante cualquier inconsistencia detectada en cruces de información entre ANSES, ARCA y el sistema SINTyS.
El monto de la pensión no contributiva quedaría fijado en el 70% del haber mínimo jubilatorio, eliminando al mismo tiempo la facultad del Poder Ejecutivo para otorgar incrementos por invalidez laboral o por zona geográfica desfavorable.
Incompatibilidad absoluta con el trabajo formal
Uno de los cambios estructurales más graves —según organizaciones del sector— es la incorporación de la «incompatibilidad absoluta» entre la percepción de una pensión por discapacidad y cualquier empleo formal o inscripción en regímenes laborales. En la práctica, esto significaría que una persona con discapacidad que acceda a un trabajo registrado perdería automáticamente su prestación, eliminando uno de los pilares de las políticas de inclusión laboral.
Pero el proyecto va aún más lejos: suprime los incentivos para que las empresas contraten personas con discapacidad, al eliminar los incisos que promovían programas de reconocimiento e inclusión corporativa.
Fin del nomenclador y desregulación del sistema de salud
En materia de financiamiento, la iniciativa autoriza convenios entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la distribución de fondos, lo que implica virtualmente la eliminación del nomenclador —el piso mínimo de calidad en las prestaciones con aranceles homogéneos— y desregula la negociación con obras sociales y prepagas.
La actualización de los aranceles quedaría atada a la evolución del IPC en caso de demoras trimestrales, con una compensación de emergencia vinculada al mismo índice para los prestadores.
La estrategia del oficialismo
El ingreso de la norma por el Senado responde a un cálculo político: el oficialismo considera que la conformación de una mayoría es más sencilla en esa cámara que en Diputados. El esquema replica la estrategia utilizada con la ley de financiamiento universitario: generar un nuevo debate legislativo como mecanismo para ganar tiempo frente a las exigencias judiciales de cumplimiento de la norma vigente.
La maniobra, sin embargo, podría fracturar a los bloques «socios» del oficialismo que, durante 2025, votaron a favor de la emergencia en discapacidad y deberán ahora definir si acompañan un proyecto que invierte el sentido de aquella votación.