Cada día cerca de cuatro niñas entre 10 y 14 años se convierten en madres en Perú por violaciones sexuales, pero la campaña electoral prefiere mirar para otro lado. Con las elecciones generales del 12 de abril de 2026 a la vuelta de la esquina, el embarazo infantil y la falta de educación sexual integral brillan por su ausencia en el debate político, mientras 993 menores de 15 años dieron a luz solo en 2025. Este es el escándalo silencioso de la maternidad forzada que sacude al país y que los candidatos evitan como si fuera un tema tóxico.
En Perú, cualquier embarazo en una niña menor de 14 años se considera resultado de una violación sexual. Sin embargo, este drama cotidiano no forma parte de las promesas electorales que dominan las encuestas y los mítines. Según un análisis exhaustivo de los 36 planes de gobierno presentados por los partidos políticos, el 58% omite por completo el embarazo infantil y el 64% ignora o se opone directamente a la Educación Sexual Integral (ESI), la herramienta más efectiva para prevenir la violencia y los embarazos no deseados.
Los datos son contundentes y alarmantes. En 2025, 993 niñas menores de 15 años se convirtieron en madres, según cifras del Ministerio de Salud citadas por Promsex. Cada 40 minutos se registra una violación en el país y, solo el año pasado, se presentaron 13.069 denuncias por violencia sexual, de las cuales el 63% afectó a niñas y adolescentes. Menos del 1% de estos casos llega a sentencia firme. A pesar de esta realidad, el 44% de los partidos no propone ninguna medida concreta contra la violencia sexual o, peor aún, busca debilitar las que existen.
El silencio no es casual. Expertas consultadas por EL PAÍS coinciden en que se trata de un cálculo político. “Estamos hablando de derechos fundamentales como la salud, la integridad, la educación y el proyecto de vida de niñas, adolescentes y mujeres”, afirma Angie Muñoz, asesora de Promsex. Por su parte, Rocío Gutiérrez, directora del Movimiento Manuela Ramos, denuncia que “es un momento de fuerte avance de candidaturas muy conservadoras, con posturas fundamentalistas respecto a los derechos de las mujeres”. Algunas propuestas incluso se limitan a ofrecer bonos económicos o acompañamiento a las niñas obligadas a continuar el embarazo, sin importar su voluntad.
La ola conservadora es evidente. Figuras como la congresista Milagros Jáuregui, del partido de Rafael López Aliaga, han impulsado leyes que retiran el enfoque de género de las políticas públicas y han reabierto debates sobre el aborto terapéutico, único permitido en el país y solo cuando la vida de la madre corre peligro. Ocho partidos adoptan posturas abiertamente regresivas, mientras otros ocho ni siquiera mencionan el problema. Solo tres planes de gobierno —Alianza Electoral Venceremos, Juntos por el Perú y Partido Morado— proponen medidas concretas para implementar la ESI.
Stephanie Rousseau, profesora de Ciencias Políticas en la Pontificia Universidad Católica del Perú, lo resume con crudeza: pronunciarse sobre estos temas es “riesgoso” porque podría costar la mitad del electorado. Mientras tanto, las niñas pagan el precio más alto: abandono escolar, riesgo de suicidio, infecciones de VIH y un futuro truncado antes de comenzar.
A una semana de las urnas, el embarazo infantil en Perú y la violencia sexual contra niñas siguen siendo el elefante en la habitación de la campaña electoral 2026. Mientras los candidatos debaten economía y seguridad, miles de menores son forzadas a la maternidad sin que nadie les ofrezca una salida real. El drama ya no puede seguir siendo ignorado. La pregunta es si, después del 12 de abril, alguien se atreverá a mirarlo de frente.