Perros callejeros en Argentina

Más de 20 millones de perros viven en las calles de Argentina sin tutor responsable, según estimaciones de organizaciones y relevamientos provinciales que alertan sobre un problema que no para de crecer. Perros en la calle que no son solo abandonados, sino también de dueños que los dejan deambular libremente: una realidad que genera riesgos, conflictos y un llamado urgente a la tenencia responsable de mascotas.

El médico veterinario Jorge Vaccari (MP 262) lo explicó con claridad en una reciente columna: no todos los canes que se ven sueltos son animales sin hogar. Muchos tienen dueño, pero circulan sin control ni supervisión. “Hay perros en la calle que tienen su tutor, aunque no sea del todo responsable”, afirmó. Esta distinción es clave para entender por qué el flagelo persiste a pesar de las campañas de esterilización y las leyes de protección animal.

En barrios de todo el país aparece la figura del perro comunitario: vecinos que les dan comida y agua, pero sin asumir una responsabilidad clara. Cuando surge una emergencia de salud o un accidente, “quedan pocos que realmente se hacen cargo”, advirtió Vaccari. El resultado es un problema global que en Argentina se agrava por conductas cotidianas: dejar salir al perro solo para que haga sus necesidades, permitir que rompa bolsas de residuos o ignorar que un animal suelto puede ser atropellado, perderse o generar situaciones de riesgo para terceros.

“Tu perro puede ser bueno, pero no sabes cómo va a reaccionar otro”, graficó el especialista. Y es ahí donde entra la responsabilidad colectiva. Otros países aplican controles más estrictos: identificación obligatoria, multas por animales sueltos y cumplimiento efectivo de normas básicas. En Argentina, en cambio, dependemos en gran medida de la conciencia individual. Usar correa, recoger los desechos y evitar que el animal circule libremente son medidas gratuitas que marcan la diferencia.

Los municipios realizan campañas de castración y atención primaria, pero Vaccari insiste en que no alcanza con políticas públicas: hace falta construir acuerdos sociales básicos. Marcar las conductas inapropiadas, promover la adopción responsable y exigir esterilización masiva son pasos concretos. Porque la tenencia de una mascota dejó de ser un tema individual para convertirse en un asunto de convivencia vecinal y sanitaria.

Cómo enfrentan el mismo problema otros países

En España, la Ley de Bienestar Animal (actualizada en años recientes) impone obligaciones claras y verificables. Está prohibido dejar a un perro solo más de 24 horas. Todos los canes deben llevar correa en espacios públicos y, en muchos municipios, se exige registro con microchip y hasta pruebas de ADN para rastrear excrementos no recogidos. Los dueños deben aprobar un curso gratuito de tenencia responsable. Las multas por incumplimiento pueden alcanzar miles de euros, y se prohíben collares de castigo o dejar animales en terrazas sin supervisión. El enfoque es preventivo y trazable: el Estado no solo educa, sino que controla y sanciona.

En Estados Unidos, no existe una ley federal única, pero la mayoría de los estados y municipios aplican estrictas “leash laws” (leyes de correa). Es ilegal permitir que un perro “run at large” (deambule libremente) fuera de la propiedad del dueño. En muchos condados, la violación se castiga con multas inmediatas, confiscación temporal del animal y, en casos repetidos, cargos penales. Los propietarios son civilmente responsables de cualquier daño causado por su perro, incluso sin antecedentes de agresividad. Esto genera un fuerte incentivo económico para mantener el control.

En Chile, la Ley de Tenencia Responsable de Mascotas y Animales de Compañía (Ley Cholito) obliga a inscribir a los animales en un Registro Nacional con microchip. El abandono o dejarlos sueltos en vía pública se sanciona con multas de hasta 30 UTM (equivalente a varios salarios mínimos) y, en casos de maltrato grave, penas de prisión de hasta 3 años más inhabilidad perpetua para tener animales. La norma distingue claramente entre dueño y tenedor, y exige esterilización y cuidados básicos.

En Brasil, una ley reciente elevó el maltrato a perros y gatos a delito penal con penas de 2 a 5 años de prisión, además de multas elevadas y prohibición futura de tenencia. Aunque el control de animales sueltos varía por municipio, la presión penal es mucho mayor que en Argentina.

Otros países europeos, como Alemania, Países Bajos o Suiza, van más lejos: registro obligatorio de todos los perros, cursos obligatorios para dueños, subsidios masivos a la esterilización y prohibiciones estrictas a dejar animales sin supervisión. En muchos casos, los municipios capturan perros sueltos, los esterilizan y, si no tienen dueño identificable, los reubican o mantienen en albergues sin eutanasia sistemática de animales sanos.

En un país con más de 20 millones de perros sin dueño responsable, según proyecciones basadas en el estudio del Colegio de Veterinarios de Buenos Aires (que ya en 2018 contabilizaba más de 6 millones solo en esa provincia) y actualizaciones de ONG, el problema no se resuelve solo con buenas intenciones. Requiere un cambio cultural profundo: pasar de la indiferencia a la acción diaria.

La próxima vez que veas un perro suelto, pregúntate: ¿es de alguien que no asume su rol o es uno más de los millones que nacen y mueren en la calle? La respuesta define no solo el futuro de esos animales, sino la calidad de vida de toda la sociedad. La tenencia responsable ya no es opcional: es una obligación colectiva.