Nueva cautelar suspende artículos clave de la Ley de Modernización Laboral 27.802 tras la acción judicial del gremio minero ASIJEMIN, en lo que se perfila como una estrategia coordinada con la CGT para desarticular la reforma laboral del Gobierno.
La reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei vuelve a quedar en el centro de una batalla judicial que el oficialismo no logra contener. Esta vez fue la Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN) la que obtuvo una medida cautelar para suspender la aplicación de una serie de artículos centrales de la Ley de Modernización Laboral N.º 27.802, que afectan directamente a los trabajadores jerárquicos del sector minero.
La resolución fue firmada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N.º 63, a cargo del juez Raúl Ojeda, en el marco de una acción de amparo promovida por el sindicato. El fallo sigue la línea de una cautelar anterior dictada ante una presentación de la CGT y consolida un patrón de resistencia judicial que empieza a leerse como una estrategia gremial orgánica para erosionar la norma artículo por artículo.
Qué artículos quedan suspendidos
La cautelar deja momentáneamente sin efecto, para el universo de trabajadores representados por ASIJEMIN, un conjunto amplio de disposiciones que tocan puntos neurálgicos del vínculo laboral: las condiciones de contratación, los períodos de prueba, los criterios de despido, el régimen de indemnizaciones, las responsabilidades empresarias y distintos aspectos de los derechos colectivos.
Según planteó el gremio en su presentación, los artículos impugnados avanzan sobre garantías reconocidas en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En esa línea, ASIJEMIN advirtió sobre el riesgo de afectación de la libertad sindical, el derecho de huelga, la organización gremial, la acción colectiva y la negociación colectiva.
El sindicato también subrayó que la suspensión protege a sus afiliados frente a disposiciones que, a su entender, profundizan la flexibilización laboral y amenazan la estabilidad del empleo y los salarios de los trabajadores del sector.
Una estrategia que crece fallo a fallo
La nueva cautelar no es un hecho aislado. Se suma a otras resoluciones judiciales que ya habían puesto bajo revisión distintos capítulos de la Ley 27.802, en un escenario donde múltiples sindicatos y organizaciones recurren a la vía judicial para disputar el alcance de los cambios. En ámbitos gremiales y judiciales, la acumulación de presentaciones ya se interpreta como parte de una estrategia más amplia de la CGT: cada actividad impulsa sus propios reclamos sectoriales para obtener frenos parciales sobre la aplicación de la norma, desguazando la ley desde adentro.
El Gobierno, por su parte, ya había recurrido a un per saltum ante la Corte Suprema de Justicia para intentar frenar la cautelar original dictada en la causa de la CGT, sin resultados definitivos hasta el momento. La nueva resolución judicial agrega presión sobre un oficialismo que ve cómo una de sus reformas más ambiciosas queda atrapada en un laberinto de amparos que ralentizan su implementación y ponen en duda su viabilidad en el corto plazo.