La «bancada ruralista» impulsa leyes que desmantelan la fiscalización ambiental y ponen en riesgo la deforestación cero que Lula prometió para 2030
La Cámara de Diputados de Brasil aprobó esta semana un paquete de proyectos de ley que, según alertan el gobierno nacional y organizaciones ambientales internacionales, constituye el mayor retroceso legislativo contra la protección de la Amazonía en años recientes. La iniciativa más polémica prohíbe el uso de tecnologías de detección remota en las operaciones de fiscalización de las autoridades ambientales, lo que en la práctica dejaría ciega a la principal herramienta del Estado brasileño para combatir la tala ilegal.
El proyecto, defendido por parlamentarios centroderechistas vinculados al sector agropecuario, impide que el Instituto Brasileño de Medio Ambiente (IBAMA) utilice imágenes satelitales para detectar la deforestación ilegal y otros crímenes contra el medioambiente. El golpe es de dimensiones estratégicas: según el propio gobierno, cerca del 90 % de la fiscalización de la deforestación en la mayor selva tropical del mundo se realiza con la ayuda de satélites.
El texto aprobado también establece que las autoridades deben notificar previamente a los acusados de tala ilegal para que puedan presentar descargos antes de ser sancionados, lo que según los críticos convierte cada multa en un trámite burocrático diseñado para el fracaso.
Una ofensiva coordinada
La votación no fue un hecho aislado. Se produjo en medio de una ofensiva del poderoso grupo de legisladores vinculados al agronegocio para aprobar proyectos de su interés que debilitan varias iniciativas de protección al medioambiente. En la misma jornada parlamentaria, la Cámara Baja aprobó un proyecto que reduce en un 40 % el área de la Floresta Nacional do Jamanxim, una importante reserva ambiental en el estado amazónico de Pará, blanco de grupos interesados en explotar sus maderas y riquezas minerales. También recibió aval legislativo una iniciativa que debilita la protección de los campos nativos y otras formaciones no forestales del país, que se extienden por 48 millones de hectáreas.
El ministro de Medioambiente, João Paulo Capobianco, había advertido pocas horas antes en conferencia de prensa que las medidas en discusión representan una «acción coordinada» y pueden significar un «retroceso inimaginable» en la protección de la naturaleza, con una repercusión «muy amplia y grave» sobre los esfuerzos del gobierno.
Greenpeace denuncia un «clima antidemocrático»
Desde la organización internacional Greenpeace, la respuesta fue contundente. En un comunicado, la organización advirtió que los proyectos aprobados «debilitan la fiscalización ambiental, amenazan los ecosistemas brasileños y favorecen los intereses de los productores rurales en detrimento de la protección ambiental«.
La especialista de Greenpeace en Políticas Públicas para Brasil, Gabriela Nepomuceno, fue más directa aún: «Nuevamente se confirma el clima antidemocrático en el Congreso, que ha actuado de forma sistemática y autoritaria, especialmente en las pautas ambientales, para atender exclusivamente los intereses del agronegocio predador«.
El contexto: una batalla que viene de lejos
El avance legislativo del lobby agropecuario no surgió de la nada. Desde 2025, la Moratoria de la Soja — el acuerdo que refuerza el Código Forestal Brasileño para preservar la Amazonia — ha estado bajo presión creciente, luego de que una ley en el estado de Mato Grosso eliminara beneficios para las empresas que se habían adherido al compromiso de no comprar soja proveniente de zonas deforestadas. El resultado fue que gigantes del sector como Bunge, Cargill y Amaggi abandonaron ese acuerdo a comienzos de 2026.
El Congreso brasileño, donde hay una mayoría de legisladores abiertamente asociados al sector agropecuario, ya había aprobado en años anteriores medidas que van en sentido contrario a los esfuerzos del gobierno de Lula.
El camino que resta
Los textos aprobados en la Cámara Baja aún deben ser discutidos y aprobados por el Senado antes de llegar a la firma del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuyo gobierno se comprometió a eliminar la deforestación ilegal en la Amazonía para 2030. Si el Senado acompaña a los diputados, Lula deberá decidir entre vetar las leyes — enfrentando al poderoso bloque ruralista — o permitir que su promesa ambiental quede vaciada por dentro.
La Amazonía, con sus millones de hectáreas que regulan el clima del planeta, espera esa respuesta.