El Tribunal Supremo convierte en crimen colaborar con el grupo de derechos humanos que ganó el Nobel de la Paz y documentó los horrores del Gulag.
En un fallo histórico que marca una nueva escalada represiva, el Tribunal Supremo de Rusia declaró extremista al movimiento cívico internacional Memorial, convirtiendo en delito penal cualquier forma de apoyo a la organización: financiarla, trabajar con ella o simplemente difundir sus publicaciones.
La decisión, adoptada este jueves a puertas cerradas tras una petición del Ministerio de Justicia, endurece aún más la persecución contra la entidad que en 2022 recibió el Nobel de la Paz junto a otros defensores de las libertades civiles. Memorial, fundada hace casi cuatro décadas por el disidente Andréi Sájarov para preservar la memoria de las víctimas del Gulag soviético, se convirtió en un símbolo global de la lucha por los derechos humanos.
El Gulag —siglas de la Dirección General de Campos y Colonias de Trabajo Correccional— operó desde 1930 hasta 1960 bajo el mando del NKVD. Representó el corazón del terror estalinista: se estima que entre 18 y 20 millones de personas pasaron por sus instalaciones en regiones remotas de Siberia y el Ártico. Allí murieron cientos de miles por hambre, frío, enfermedades y agotamiento en condiciones inhumanas de trabajos forzados. Durante el Gran Terror de 1937-1938, solo en ejecuciones masivas cayeron unas 750.000 víctimas. Memorial construyó la mayor base de datos pública sobre estas atrocidades, identificando casi tres millones de nombres de un total estimado en doce millones de represaliados.
Con esta resolución, cualquier ciudadano ruso que mantenga vínculos con la organización —incluso mediante transferencias bancarias o mensajes de solidaridad— enfrenta penas de prisión. La medida busca desmantelar la red que Memorial reconstruyó en el exilio tras su liquidación oficial en 2021, cuando el mismo tribunal la acusó de crear “una imagen falsa de la URSS como Estado terrorista”.
La organización, que construyó la mayor base de datos pública sobre las víctimas del terror estalinista —con casi tres millones de nombres identificados—, alertó que el fallo representa “una nueva etapa de presión política sobre la sociedad civil rusa”. Sus abogados, Grigory Vaypan y Tamilla Imanova, confirmaron que apelarán la sentencia, aunque reconocen que el margen legal es mínimo.
Memorial no solo documentó el pasado soviético. Hoy registra más de 1.000 presos políticos en la Rusia de Vladimir Putin, una cifra que se multiplicó desde el inicio de la guerra en Ucrania. Sus investigadores han vinculado sistemáticamente las violaciones actuales de derechos humanos con las estructuras represivas heredadas del KGB, la agencia en la que el propio presidente ruso se formó.
El Comité Noruego del Nobel de la Paz reaccionó con dureza y calificó la decisión como “una afrenta a los valores fundamentales de la dignidad humana y la libertad de expresión”. Exigió el cese inmediato del hostigamiento contra la organización y sus miembros.
La progresiva asfixia de Memorial no es nueva. En 2015 fue incluida en la lista de “agentes extranjeros”, lo que la obligaba a etiquetar cada publicación con esa marca estigmatizante. En 2021, el régimen ordenó su disolución. En 2022, tras el Nobel, las autoridades incautaron su sede física. Aun así, el grupo resurgió desde Ginebra, París y Berlín, distribuyendo su trabajo en una red horizontal que abarca todos los continentes.
Expertos consultados por Infobae coinciden en que esta nueva prohibición no solo busca silenciar el presente, sino también borrar la memoria del pasado. Al criminalizar Memorial, el Kremlin ataca directamente a quienes se atreven a recordar que las estructuras de terror que documentaron los gulags nunca desaparecieron: simplemente cambiaron de uniforme.