En un informe demoledor, Human Rights Watch alerta sobre el deterioro institucional en Argentina durante el primer año de gobierno de Javier Milei, destacando recortes drásticos a programas sociales, obstáculos al derecho a la protesta y una retórica hostil contra periodistas y la comunidad LGBT. Palabras clave como "deterioro institucional era Milei", "críticas Human Rights Watch Argentina" y "violaciones derechos humanos Milei" resaltan la urgencia de este balance anual que pone en jaque la democracia argentina.
El Informe Mundial 2025 de Human Rights Watch pinta un panorama alarmante para Argentina, donde el presidente Javier Milei ha priorizado un plan de austeridad que, si bien logró estabilizar parcialmente la economía con una baja en la inflación, ha exacerbado la pobreza y generado nuevos desafíos en materia de derechos humanos. La organización internacional denuncia que los recortes presupuestarios han impactado severamente en programas clave, como aquellos destinados a víctimas de violencia de género, con reducciones de entre el 70% y el 100% en los primeros meses de 2024. Además, se han afectado iniciativas de atención médica para pacientes con cáncer y de integración social para personas con discapacidades.
En el ámbito institucional, Human Rights Watch advierte sobre un debilitamiento crónico del sistema judicial. El Congreso ha fallado durante años en designar figuras esenciales como el procurador general, el defensor del pueblo y un magistrado de la Corte Suprema, posiciones vitales para la protección de los derechos humanos que requieren una mayoría de dos tercios. A esto se suma la existencia de 300 vacantes en juzgados federales, lo que, según fallos previos de la Corte Suprema, socava la independencia judicial. La nominación por decreto de candidatos controvertidos como Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema ha sido calificada como uno de los "ataques más graves" a la independencia del Poder Judicial desde el retorno a la democracia.
La retórica gubernamental también está en la mira. Milei y altos funcionarios han estigmatizado a periodistas independientes a través de redes sociales, promoviendo un clima de hostilidad que ha hecho caer a Argentina 47 posiciones en el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2025. Asimismo, se critican comentarios despectivos sobre el matrimonio igualitario y la identidad de género, que atentan contra los avances en derechos LGBT. En cuanto a la protesta social, el informe resalta obstáculos como el protocolo antipiquetes, que impone regulaciones excesivas y ha llevado a respuestas abusivas por parte de las fuerzas de seguridad, incluyendo el uso de fuerza contra manifestantes como pensionados.
Pese a estos logros económicos parciales, Human Rights Watch enfatiza que el "progreso" ha venido acompañado de un deterioro institucional que pone a prueba el Estado de derecho. El veto presidencial a leyes aprobadas por el Congreso para aumentar jubilaciones y financiar universidades públicas agrava la crisis social, en un contexto donde la pobreza sigue en ascenso. Juanita Goebertus, directora para las Américas de la organización, subrayó: "Appointing by decree undermines the very foundations of judicial independence", reflejando la preocupación global por el rumbo de Argentina.
Este informe se suma a críticas de otras ONG como Amnistía Internacional, que han generado respuestas furiosas desde el gobierno, descalificando las observaciones como sesgadas. Sin embargo, el llamado es claro: Argentina debe reconsiderar estas políticas para salvaguardar sus instituciones democráticas y los derechos fundamentales de su población.
