El Tribunal de Faltas impuso una multa millonaria superior al millón de pesos al propietario del pitbull que causó la muerte del emblemático perro comunitario de Ciudad Universitaria, además de obligarlo a dar charlas educativas sobre tenencia responsable en escuelas durante todo 2026. Un fallo que busca prevenir futuros ataques de perros peligrosos y promover la responsabilidad ciudadana.
La conmoción por la muerte de Garrafa, el emblemático perro que era parte de la vida cotidiana en el predio de Ciudad Universitaria, culminó en una sentencia ejemplar. El Tribunal de Faltas municipal dictó una pena que va más allá de lo económico: el dueño del pitbull agresor deberá abonar 600 Unidades Fijas, equivalentes a 1.020.600 pesos, y participar activamente en charlas educativas sobre tenencia responsable en escuelas primarias y secundarias durante todo el ciclo lectivo 2026.
El ataque fatal ocurrió el lunes 4 de febrero de 2026, alrededor de las 17 horas, en el predio de la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Según testigos y reportes periodísticos, el pitbull ingresó corriendo al campus junto a su propietario, sin correa ni bozal, incumpliendo la ordenanza municipal vigente. Al advertir la presencia de Garrafa, el perro agresor lo embistió violentamente y lo mordió en distintas partes del cuerpo, causándole heridas graves que provocaron su muerte casi de inmediato. El hecho dejó consternados a los presentes, entre ellos estudiantes y docentes que consideraban a Garrafa un integrante más de la comunidad académica.
Según reveló Ana Caprio, directora del Tribunal de Faltas, en exclusiva, el infractor compareció en las audiencias y admitió su responsabilidad, mostrando un genuino arrepentimiento. "Se valoró su postura de afrontar los hechos y reflexionar sobre las consecuencias", explicó Caprio, quien aclaró que la multa podría haber escalado hasta los tres millones de pesos si no hubiera existido esta actitud colaborativa. Sin embargo, el fallo no se limita a la sanción pecuniaria; incorpora una medida accesoria inédita en casos de ataques de perros peligrosos.
El condenado estará obligado a asistir a seis sesiones organizadas por el Instituto Municipal de Sanidad Animal (Imusa). En la mayoría actuará como oyente, pero en algunas podrá compartir su experiencia personal para ilustrar a los alumnos las graves repercusiones de una conducta irresponsable. "Queremos que su testimonio genere conciencia y evite tragedias similares", enfatizó la funcionaria, destacando que este enfoque educativo busca transformar una pérdida dolorosa en una lección colectiva.
El caso de Garrafa no fue un incidente aislado, sino un suceso que sacudió a la comunidad académica y a toda la ciudad. El perro, tutelado por estudiantes y docentes, representaba un símbolo de convivencia pacífica en el espacio público. Su muerte por ataque de pitbull reactivó discusiones sobre la normativa municipal, que exige que razas potencialmente agresivas circulen con correa y bozal en todo momento. "Incluso con perros pequeños, la precaución es esencial; un animal suelto puede desencadenar desde un accidente vial hasta un episodio de violencia", advirtió Caprio.
Bajo la gestión del intendente Juan Pablo Poletti, la Municipalidad trató este episodio como "emblemático" para promover un mayor orden urbano. "Es una pérdida para todos los santafesinos", afirmó la directora, subrayando que el fallo distingue entre la justicia administrativa –competente en daños a animales– y la penal, que interviene en agresiones a personas. Esta resolución no solo cierra un capítulo trágico, sino que aspira a impulsar un cambio cultural en la responsabilidad ciudadana con mascotas.
En un contexto donde los incidentes con perros agresivos aumentan en áreas metropolitanas, este veredicto podría inspirar medidas similares en otras jurisdicciones, priorizando la educación sobre el castigo puro. La muerte de Garrafa deja un legado: la necesidad imperiosa de normas estrictas para una convivencia segura entre humanos y animales en la ciudad.
Este fallo se inscribe en una serie de precedentes judiciales en Argentina por maltrato animal y crueldad contra animales, amparados en la Ley 14.346, que establece penas de 15 días a un año de prisión, aunque a menudo se aplican de manera condicional. Por ejemplo, en Jujuy, dos hombres fueron condenados en diciembre de 2025 a seis meses de prisión condicional por torturar y matar a un perro, junto con un curso de sensibilización y prohibición de acercamiento a animales. En Entre Ríos, un caso histórico de julio de 2024 resultó en siete meses de prisión efectiva para un hombre que golpeó brutalmente a un perro llamado Mateo con una botella y una piedra, marcando la primera condena de este tipo en la provincia. Otro precedente en la Ciudad de Buenos Aires, de marzo de 2024, impuso ocho meses de prisión en suspenso a un responsable de un criadero clandestino por actos de crueldad, obligando a hembras a parir sistemáticamente. Aunque casos específicos de ataques de perros a otros animales son menos frecuentes en la jurisprudencia, estos fallos destacan la creciente tendencia a reconocer a los animales como víctimas y a endurecer las sanciones, aunque las penas siguen siendo criticadas por su baja severidad.
