En un giro que redefine el debate legislativo sobre la protección ambiental y el desarrollo minero, el bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados definió un mecanismo restrictivo para las audiencias públicas de la reforma de la Ley de Glaciares, limitando la exposición presencial o virtual a apenas 200 de los 50.000 ciudadanos inscriptos.
Pese a los insistentes pedidos de la oposición para ampliar los días de debate —previstos para el 25 y 26 de marzo—, el oficialismo impuso su criterio: solo un centenar de inscriptos podrá exponer de forma presencial el miércoles 25, mientras otro centenar lo hará vía Zoom el jueves 26. El resto de los participantes —la abrumadora mayoría— deberá conformarse con enviar sus ponencias por escrito o a través de un video de no más de cinco minutos.
La resolución, firmada por los presidentes de las comisiones de Recursos Naturales, José Peluc, y de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz, establece que solo los primeros inscriptos de cada una de las 24 jurisdicciones del país tendrán acceso a la palabra oral o virtual. “Se garantizará la participación de representantes de las veinticuatro jurisdicciones, asegurando una adecuada participación federal”, detalla el documento publicado en la web oficial de la Cámara.
Desde La Libertad Avanza argumentan que la medida responde a una necesidad práctica e ineludible. “La magnitud de inscripciones registradas torna materialmente imposible la exposición presencial y virtual de la totalidad de los interesados dentro de un plazo razonable, sin afectar el normal desarrollo de la actividad parlamentaria”, justifican. Agregan que “este mecanismo constituye una práctica habitual” y permite incorporar todas las opiniones al expediente legislativo, ya sea por escrito, video o exposición oral, tal como lo autoriza el artículo 114 bis del Reglamento de la Cámara.
Sin embargo, la oposición —peronismo, izquierda y bloque Provincias Unidas— rechaza de plano esta restricción y no está de acuerdo con la medida. Exigen extender las audiencias y se oponen frontalmente a la reforma de la Ley de Glaciares, norma que desde 2010 protege estos ecosistemas como reservas estratégicas de agua dulce y prohíbe cualquier actividad que los afecte. Los sectores críticos sostienen que el límite impuesto equivale a silenciar la voz de miles de argentinos preocupados por el impacto ambiental.
El proyecto en discusión busca modificar la Ley 26.639 para habilitar actividades productivas como la minería y la explotación hidrocarburífera en glaciares que no sean considerados “hídricamente relevantes”. Provincias como Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta, cuyos gobernadores aliados impulsan la iniciativa, ven en el cambio una oportunidad clave para atraer inversiones internacionales.
Con esta decisión, el oficialismo prioriza un “debate ordenado, federal y sustantivo”, pero la polémica ya se extiende en redes y sectores ambientalistas. #LeyDeGlaciares #ReformaGlaciares #LaLibertadAvanza #AudienciasPublicas #MineríaArgentina #ProtecciónAmbiental #GlaciaresArgentinos #CongresoNacional
