En un contexto de crisis climática global y retroceso acelerado de los glaciares, la propuesta de reforma a la Ley de Glaciares en Argentina representa un ataque directo a las reservas hídricas estratégicas, favoreciendo intereses mineros por sobre la protección ambiental. Esta modificación, impulsada por el Gobierno nacional, viola principios constitucionales y tratados internacionales, reduciendo la tutela de ecosistemas vitales como glaciares y periglaciares. Expertos y organizaciones ambientales advierten que esta medida podría generar impactos irreversibles en cuencas hidrográficas, agravando la escasez de agua en regiones clave.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), junto a más de 30 organizaciones sociales y ambientales, ha elaborado un análisis exhaustivo que desmonta, artículo por artículo, la propuesta de reforma a la Ley de Glaciares. Esta iniciativa gubernamental no solo es ilegal e inconstitucional, sino que atenta contra el artículo 41 de la Constitución Nacional, que establece presupuestos mínimos ambientales para todo el territorio. Al priorizar competencias provinciales y mineras, la reforma equivale a una derogación tácita de la ley vigente, ignorando tratados como la Convención Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Desde una perspectiva legal, la modificación transforma los glaciares de bienes públicos con protección especial en recursos explotables por provincias, creando un "feudalismo administrativo" que viola el derecho colectivo al ambiente sano. Científicamente, vacía el Inventario Nacional de Glaciares al limitarlo solo a aquellos con "funciones de reserva estratégica", excluyendo geoformas periglaciares esenciales para la recarga de cuencas. Ambientalmente, esta medida acelera la destrucción de ecosistemas de alta montaña, en un país donde el retroceso glaciar ya amenaza el suministro de agua para millones.
Artículo por artículo, los argumentos son contundentes. En el Artículo 1, se elimina el estatus de bienes públicos, permitiendo que provincias actúen como "señores feudales" sobre reservas hídricas, contraviniendo el federalismo de concertación constitucional. El Artículo 2 recorta el inventario, otorgando discrecionalidad política que prioriza intereses mineros sobre criterios científicos, violando la Ley General del Ambiente.
El Artículo 3 deforma principios ambientales como el precautorio, invirtiendo su lógica protectora y omitiendo mandatos de progresividad y no regresión, ratificados en el Acuerdo de Escazú. En el Artículo 4, se introduce arbitrariedad al permitir que provincias decidan sobre la relevancia hídrica de glaciares, ignorando variabilidad científica en cuencas como el río Mendoza.
Más grave aún, el Artículo 5 pasa de una prohibición absoluta de actividades destructivas a una autorización provincial condicionada, facilitando proyectos mineros como Josemaría o Los Azules, que alteran la dinámica natural de glaciares de escombro. El Artículo 6 prioriza evaluaciones de impacto ambiental caso por caso, evadiendo visiones integrales de cuencas, en contra de fallos de la Corte Suprema.
Finalmente, el Artículo 7 promueve un federalismo de fragmentación, abandonando la protección uniforme y agravando la crisis hídrica global. Los impactos son irreversibles: pérdida de reservas estratégicas, afectación de ecosistemas y consecuencias económicas y sociales para comunidades dependientes del agua glaciar.
Esta reforma no es un ajuste técnico; es un retroceso ambiental que pone en jaque el futuro hídrico de Argentina. Organizaciones llaman a la sociedad a movilizarse para defender la ley original, esencial en la lucha contra el cambio climático.
