En un informe que expone el retroceso acelerado de los derechos humanos en Argentina, Amnistía Internacional denuncia cómo el gobierno de Javier Milei prioriza el control social sobre la protección de los más vulnerables, con una caída del 41% en el gasto público social que agrava la pobreza, la represión y la vigilancia estatal. Este llamado de atención llega en un momento crítico para la democracia argentina, donde las políticas de ajuste fiscal amenazan con desmantelar conquistas históricas en materia de libertad de expresión, derechos de las mujeres e indígenas.
La organización con sede en Londres, en su reporte anual sobre el país sudamericano, pinta un panorama sombrío a dos años de la asunción de Milei. "El deterioro es evidente: entre 2023 y 2025, el gasto público cayó más de un 41% en términos reales, alcanzando su nivel más bajo en décadas, mientras se expande el aparato de seguridad para sofocar disidencias", advierte el documento, que coincide con alertas de Human Rights Watch sobre obstáculos al derecho a la protesta. Los ejes principales del informe giran en torno al ajuste y la represión, con impactos devastadores en poblaciones marginadas.
Entre los hechos más graves destacados, Amnistía señala la represión sistemática de manifestaciones sociales, donde fuerzas de seguridad han utilizado gas lacrimógeno y balas de goma contra docentes, jubilados y activistas que reclaman por salarios dignos y pensiones. "La pobreza afecta al 57% de la población, pero el gobierno responde con vigilancia digital y leyes que criminalizan la disidencia, en lugar de con políticas inclusivas", cita el informe a la directora ejecutiva de Amnistía Argentina, Milagros Fiz. Este enfoque, según expertos, no solo vulnera el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, sino que fomenta un clima de miedo que silencia voces críticas.
Las mujeres y la comunidad LGTBIQ+ emergen como las más golpeadas por los recortes en salud reproductiva y programas contra la violencia de género. El cierre de centros de atención a víctimas de femicidios y la reducción del 60% en fondos para prevención han disparado las cifras de violencia doméstica, con un aumento del 25% en denuncias no atendidas este año. Por su parte, los pueblos indígenas enfrentan desalojos forzados en territorios ancestrales, impulsados por proyectos extractivistas que ignoran el Convenio 169 de la OIT. "Es un deterioro acelerado que pone en jaque la esencia de la democracia", enfatiza el reporte, urgiendo a la comunidad internacional a presionar por reformas urgentes.
En el ámbito económico, el informe vincula el austericidio mileísta con un éxodo masivo de profesionales y un colapso en el acceso a la educación superior, donde becas estudiantiles se redujeron en un 35%. "Argentina, cuna de luchas por los derechos, no puede convertirse en un laboratorio de autoritarismo encubierto", concluye Amnistía, llamando a la sociedad civil a movilizarse antes de que sea tarde. ¿Hasta cuándo toleraremos que el hambre y el miedo reinen en las calles de Buenos Aires?
Este pronunciamiento de Amnistía Internacional no solo resuena en foros globales, sino que interpela directamente a un gobierno que prometió libertad pero entrega cadenas invisibles. La pregunta que flota en el aire es clara: ¿recuperará Argentina su compromiso con los derechos humanos, o se sumergirá en un abismo irreversible?
#DerechosHumanos #Argentina2025 #Milei #AmnistiaInternacional #RepresionEnArgentina #RecortesSociales #Protestas #PobrezaArgentina #LibertadDeExpresion #MujeresArgentinas
