En medio de la devastación causada por los incendios forestales en Patagonia, que han arrasado miles de hectáreas en Chubut, la Iglesia Católica ha lanzado una dura crítica al Gobierno argentino por vincular estos siniestros a "grupos terroristas autodenominados mapuches".
El Equipo Diocesano de Pastoral Aborigen de Neuquén emitió un comunicado titulado "No es lícito sembrar sospechas sobre pueblos enteros", donde califica de "absurda e irracional" la acusación promovida por el Ministerio de Seguridad Nacional y la senadora Patricia Bullrich. Según el documento, estas declaraciones no solo carecen de pruebas, sino que alimentan el prejuicio social contra un pueblo entero, ignorando su cosmovisión que prioriza el cuidado del territorio.
Los hechos se remontan al 5 de enero de 2026, cuando se iniciaron incendios intencionales en la región andina de Chubut, destruyendo más de 14.770 hectáreas de bosques nativos, viviendas y afectando a comunidades locales. El Ministerio de Seguridad, a través de su cuenta en X, afirmó que "los indicios preliminares indican que estos delitos estarían vinculados a grupos terroristas autodenominados mapuches, con antecedentes de atentados contra la seguridad pública y la propiedad privada, bajo la modalidad de terrorismo ambiental". Bullrich, exministra de Seguridad, reforzó esta narrativa al declarar que "si los grupos que se autoproclaman mapuches son responsables, las van a pagar como terroristas", refiriéndose a organizaciones como la Resistencia Ancestral Mapuche, declarada terrorista por sus supuestos antecedentes.
Sin embargo, la Fiscalía determinó que los fuegos fueron intencionales, pero desmintió las acusaciones directas sin evidencia concreta, sin detenidos ni pruebas que vinculen específicamente a las comunidades indígenas. La Iglesia, en su comunicado, denuncia esta "estigmatización y criminalización" como un discurso que no es neutral y que siembra sospechas infundadas. "Quien conoce mínimamente su cosmovisión sabe que el cuidado del territorio es un valor central", enfatizan, reclamando responsabilidad, pruebas y respeto al debido proceso.
Este episodio no es aislado: forma parte de un contexto histórico de tensiones entre el Estado argentino y los pueblos originarios, donde reclamos por tierras ancestrales han sido respondidos con represión y etiquetas de "terrorismo". Mientras el presidente Javier Milei elogió a los brigadistas como "héroes" en sus redes, críticos señalan el desfinanciamiento de servicios de prevención de incendios, que agrava la vulnerabilidad de la región ante desastres ambientales.
La respuesta eclesial ha generado un debate nacional, con voces que cuestionan si el Gobierno busca "culpables fáciles" para desviar la atención de negligencias propias, como la reducción de brigadistas y la falta de inversión en emergencias. Organizaciones indígenas, como el Parlamento Mapuche, han rechazado las imputaciones, exigiendo investigaciones imparciales y alertando sobre allanamientos injustificados.
En un país polarizado, esta crítica de la Iglesia podría encender un movimiento social contra la discriminación, recordando que defender la tierra no es sinónimo de destrucción. Mientras las llamas se apagan en Patagonia, el fuego de la controversia arde en la opinión pública.
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