En un nuevo capítulo del conflicto entre el gobierno de Javier Milei y las universidades nacionales, la Casa Rosada confirma que irá hasta la Corte Suprema de Justicia para mantener el ajuste presupuestario y no aplicar la Ley de Financiamiento Universitario. Este anuncio, que promete generar un terremoto en el debate educativo y fiscal de Argentina, se produce tras el fallo judicial que ordenaba actualizar salarios docentes y becas estudiantiles.
El gobierno de Javier Milei anunció que presentará un recurso federal extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para revertir el fallo que lo obliga a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Fuentes de la Casa Rosada confirmaron a Página/12 que la apelación busca mantener el ajuste a las universidades pese al dictamen del juez Martín Cormick, quien en diciembre de 2025 ordenó la aplicación inmediata de la norma, incluyendo la actualización de salarios de trabajadores universitarios y becas para estudiantes.
La Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en 2024 tras el veto presidencial y ratificada con dos tercios de los votos en ambas cámaras, establecía un marco de recursos específicos para el sector. Sin embargo, el Ejecutivo la implementó sin asignación presupuestaria y luego la suspendió mediante el decreto 759/2025, argumentando la falta de fondos y el impacto fiscal de su aplicación. “No hay plata”, fue el argumento central esgrimido desde el inicio del conflicto.
El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) interpuso un amparo que derivó en la medida cautelar favorable a las universidades. La Cámara Federal confirmó esa decisión, pero el gobierno de Milei ya había apelado y ahora eleva la disputa al máximo tribunal. Si el recurso es rechazado, se prevé un recurso de queja por denegación directo ante la Corte Suprema, una herramienta excepcional reservada para casos de interpretación constitucional.
Emiliano Yacobitti, vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), celebró el fallo inicial y exigió su cumplimiento inmediato. “Si de un lado no se cumple la ley y del otro se proponen medidas de fuerza por tiempo indeterminado, los principales perjudicados son los estudiantes”, advirtió. Mientras tanto, docentes realizan clases públicas frente a propiedades sin declarar del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, con carteles que denuncian el costo de vida de los funcionarios frente a los salarios universitarios.
El conflicto, que se arrastra desde el veto presidencial de 2024, pone en evidencia la tensión entre el ajuste fiscal del gobierno y la defensa de la educación pública. Desde la Rosada también anunciaron que enviarán un nuevo proyecto de ley al Congreso para modificar la norma y evitar su aplicación plena. En paralelo, el Ejecutivo intenta desviar la atención hacia otros datos macroeconómicos, como la caída interanual de la pobreza informada por el INDEC.
Especialistas advierten que la escalada judicial podría prolongar la incertidumbre en el sector universitario, afectando directamente a miles de docentes, no docentes y estudiantes. La apelación a la Corte Suprema por el ajuste universitario no solo representa un desafío institucional, sino que reabre el debate sobre el financiamiento de la educación superior en un contexto de restricciones presupuestarias extremas.
