En una victoria histórica para la protección ambiental en Sudamérica, un grupo de mujeres indígenas de la región de Puno ha logrado que el Lago Titicaca, el navegable más alto del mundo, sea reconocido como sujeto de derechos. Esta medida, impulsada por la Red de Mujeres en Defensa del Lago Titicaca, busca combatir la creciente contaminación por metales pesados, aguas residuales y minería ilegal, asegurando un enfoque preventivo para preservar este ícono cultural y ecológico. Palabras clave como "contaminación Lago Titicaca" y "derechos del Lago Titicaca" resaltan la urgencia de esta lucha que podría inspirar reformas nacionales.
“¿El lago acaso habla? ¿Respira? ¿Tiene vida? Sí, para nosotras sí”, afirma con determinación Soraya Poma, presidenta de la Red de Mujeres en Defensa del Lago Titicaca. Con 40 años, una mirada firme y el cabello trenzado al estilo tradicional, Poma lidera un colectivo de 45 integrantes procedentes de diversas localidades puneñas. Unidas por un profundo vínculo cultural y ancestral, estas lideresas indígenas no solo combaten la contaminación ambiental, sino que defienden el legado para sus descendientes. “[El lago] está enfermo. Los peces están desapareciendo. Es una inquietud grande. Por eso estamos luchando. ¿Qué les va a esperar a nuestras futuras generaciones?”, cuestiona Poma, reflejando la angustia compartida por miles en la cuenca.
El hito se materializó recientemente tras años de perseverancia. Desde 2024, las mujeres de la red impulsaron una ordenanza regional para otorgar personalidad jurídica al Lago Titicaca, reconociéndolo como un ente con derechos propios. A pesar de obstáculos iniciales, el Consejo Regional de Puno aprobó por unanimidad la medida a finales de abril de 2025. Sin embargo, el entusiasmo se vio empañado por comunicados del Gobierno peruano que cuestionaban su validez por conflictos de competencias. Tras una segunda votación exitosa, la ordenanza fue promulgada el 20 de septiembre de 2025 en el Diario Oficial El Peruano, marcando un precedente legal basado en el derecho consuetudinario indígena.
“De todo hemos pasado con este proceso. Hemos tenido momentos de alegría, cólera y preocupación”, recuerda Poma, destacando la resiliencia del grupo. Ahora, las lideresas trabajan en el reglamento de implementación y recorren localidades rurales para informar a la población en quechua y aymara. A mediano plazo, aspiran a elevar la ordenanza a un proyecto de ley nacional, ampliando su impacto más allá de Puno.
El abogado Julio Mejía Tapia, del Centro Bartolomé de Las Casas, quien asesora a la red, enfatiza la transformación paradigmática: “No podemos esperar a que todo el lago se contamine. La política estatal de cuidado ambiental debe ser preventiva”. La ordenanza abandona la visión antropocéntrica, donde el entorno se protege solo por conveniencia humana, y permite que organizaciones como la red representen legalmente al lago ante actividades contaminantes, exigiendo restauración o descontaminación.
El Lago Titicaca, a 3.827 metros de altitud, enfrenta amenazas graves en su lado peruano. Monitoreos del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA) revelan concentraciones de metales pesados –como arsénico y mercurio– asociadas a pasivos mineros, minería formal e informal, y aguas residuales. Ríos como el Ramis, Coata, Ilave, Huancané y Suches aportan el 85% del agua superficial, transportando tóxicos desde zonas altas hasta el lago, según una investigación de 2022 de la Autoridad Binacional Autónoma del Lago Titicaca.
Más allá de su biodiversidad –con más de 105 especies de aves, 15 de mamíferos y 26 de peces endémicos–, el Titicaca es un epicentro cultural andino. Crónicas del Inca Garcilaso de la Vega narran mitos donde sus aguas dieron origen al imperio Inca. “Siempre supimos que el lago es sagrado, desde nuestros abuelos y abuelas. Por eso debemos protegerlo”, afirma Rosa Copa, tesorera de la red y lideresa quechua de la Comunidad Campesina de Hilata en la península de Capachica. Allí, el 40% de la población supera límites de metales en la sangre, según la Red de Salud Pública de Puno. Copa, quien evita exámenes médicos por temor, representa a generaciones afectadas.
La reciente declaración de emergencia ambiental en Puno por minería ilegal intensifica la alerta. Aunque focalizada en siete provincias, busca fiscalización regional. Sin embargo, comunidades como la de María Quispe (nombre cambiado) en Llalli señalan impactos de la minería formal: “Nuestros padres eran ganaderos y agricultores. Con la llegada de las empresas mineras, todo se deterioró”. El río Llallimayo ya no tiene peces, y su familia pasó de 200 a solo 20 alpacas. Aguas residuales de ciudades como Puno y Juliaca agravan el problema, vertiendo desechos sin tratamiento adecuado.
La crisis afecta a tres millones de personas dependientes del lago, el más grande de agua dulce en Sudamérica. Sequías y cambio climático exacerban la situación, forzando a renunciar a la pesca, riego y uso de totora. El turismo también sufre. Juana Mamani, de 54 años en Capachica, describe el río Coata como una “mancha oscura” que envuelve todo. Con metales en exceso en su sangre, enfrenta dolores y escasez de agua potable. “Esta tierra me vio nacer, aquí voy a morir”, declara con emoción.
Estas mujeres, como Rosa Copa –primera presidenta de su comunidad–, han ganado voz: “Ahora siento que tengo voz y voto”. Inspiradas en logros como el reconocimiento del río Marañón en 2024 por mujeres kukama, y legislaciones en Ecuador y Bolivia, anticipan resistencias del Gobierno central. No obstante, su lucha ofrece esperanza para un Titicaca revitalizado, alineando derechos indígenas con protección ambiental.
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