Resolución 300/2025 de Parques Nacionales permite más del doble de casas y edificios en áreas protegidas de Neuquén y Río Negro. Nahuel Huapi, Lanín, Los Glaciares y Los Alerces serán los cuatro más afectados y concentran el 90 % del boom inmobiliario. Organizaciones denuncian impacto irreversible sin evaluación ambiental ni aviso a UNESCO.
Una norma publicada hace dos meses por la Administración de Parques Nacionales (APN) cambió de manera drástica las reglas de construcción dentro de las Reservas Nacionales de la Patagonia y desató una ola de rechazo entre las principales ONG ambientales del país.
La Resolución 300/2025, firmada el 1 de octubre, eleva radicalmente los límites edificables en lotes privados dentro de parques nacionales. Por ejemplo, en un terreno de 100 hectáreas el tope pasó de 2.400 m² a 5.500 m² para edificios y de 3.900 m² a 8.900 m² de superficie total construible, es decir, más del doble.
En números absolutos, el Parque Nacional Lanín salta de 964 a 1.737 unidades habitacionales posibles (+80 %) y Nahuel Huapi pasa de 1.658 a 2.944 (+77 %).
Los cuatro parques nacionales patagónicos más afectados
Según el análisis de las ONG, más del 90 % del nuevo potencial constructivo se concentra en solo cuatro áreas protegidas:
- Nahuel Huapi (Río Negro y Neuquén): el más golpeado en cifras absolutas. Zonas críticas: Villa La Angostura, península Huemul, isla Victoria y todo el corredor del lago hasta el límite con Chile.
- Lanín (Neuquén): fuerte impacto en lago Huechulafquen, Lolog, Tromen y Chapelco-Curruhuinca.
- Los Glaciares (Santa Cruz): densificación habilitada en El Chaltén, lago Viedma y lago Roca. Al ser Patrimonio Mundial UNESCO, el riesgo incluye la posible pérdida de esa categoría.
- Los Alerces (Chubut): también Patrimonio Mundial, con amenaza directa sobre bosques milenarios en Villa Futalaufquen, lago Verde y río Arrayanes.
Los demás parques patagónicos (Lago Puelo, Arrayanes, Perito Moreno, Monte León y Tierra del Fuego) tienen muy pocos o ningún lote privado edificable, por lo que quedan prácticamente fuera del impacto.
La Sociedad Naturalista Andino Patagónica, Fundación Patagonia Natural y Fundación Azara advirtieron que la medida “habilita y promueve la densificación de las construcciones y la ocupación humana” en zonas cuya prioridad legal es la conservación de ecosistemas únicos.
Entre los impactos señalados figuran mayor fragmentación de hábitats por caminos y cercos, aumento de efluentes, mayor riesgo de incendios, presión sobre recursos hídricos, circulación de vehículos y mascotas, y la posible transformación de áreas casi vírgenes en barrios cerrados.
Las organizaciones remarcaron que no se realizó ninguna Evaluación Ambiental Estratégica que midiera el efecto acumulativo de duplicar las construcciones de un día para otro, y que tampoco se notificó a la UNESCO los cambios en dos Patrimonios Mundiales, incumpliendo compromisos internacionales.
Recordaron que la Ley 22.351 de Parques Nacionales establece que cualquier desarrollo humano debe ser “compatible con los fines específicos y prioritarios” de conservación, algo que, a su criterio, esta norma viola abiertamente.
En un comunicado conjunto, exigieron la inmediata **derogación de la Resolución 300/2025 por considerar que “genera un riesgo permanente para la conservación de las áreas protegidas y un precedente extremadamente negativo para el prestigio de la Administración de Parques Nacionales”.
La controversia ya recorre redes sociales y promete convertirse en el mayor conflicto ambiental del verano patagónico.
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