En un movimiento que podría redefinir el mapa energético de Argentina, la reprivatización de cinco centrales hidroeléctricas clave del Comahue entra en su fase final. ¿Imaginan el poder de dominar el flujo de ríos que generan el 25% de la energía hidroeléctrica del país? Aluar y Central Puerto, dos titanes del sector, confirmaron su interés en la subasta. Prometieron una competencia feroz, que podría inyectar millones en inversiones que permitiría generar un sistema eléctrico que esta al borde del colapso, con un potencial de ingresos estables gracias a un nuevo régimen tarifario que asegura la valorización de las plantas por 30 años.
El decreto 564/25 marca el pistoletazo de salida: las concesiones de El Chocón-Arroyito (1.420 MW), Alicurá (1.000 MW), Piedra del Águila (1.560 MW), Planicie Banderita (70 MW) y Cerros Colorados (180 MW) –privatizadas en los '90 y vencidas en 2023– vuelven al ruedo por 30 años, representando una capacidad instalada total de más de 4.200 MW. La Secretaría de Energía, al mando de María Tettamanti, abrirá las ofertas el 23 de octubre, con la meta de atraer operadores privados que vendan hasta el 100% de su producción en el mercado a término. "Mi objetivo es que la licitación sea muy exitosa, con mucha competencia y buenos operadores privados al frente de las centrales", declaró Tettamanti, subrayando la urgencia de normalizar un sector plagado de obsolescencia y con un impacto económico que podría estabilizar el suministro para industrias que consumen hasta 15 millones de m³ diarios de gas natural equivalentes en eficiencia energética.
Aluar, la reina del aluminio argentino y voraz devoradora de electricidad, ve en esta puja una oportunidad dorada para expandir su imperio energético. Su gerente de Recursos Energéticos, Gabriel Vendrell, no escatimó elogios: "Creo que la legislación está bien armada, mejor que la de los años noventa, porque el régimen tarifario está incluido en el contrato de concesión. Eso le da mayor fortaleza jurídica para definir los ingresos y la valorización de las centrales". Sin embargo, Vendrell lanzó una pulla al plazo de concesión: "Cuanto menor es el plazo, mayor la incertidumbre y más alta la tasa que se exige a los proyectos. Eso impacta en una menor recaudación para el Estado, al reducir la competencia y las ofertas iniciales". ¿Una advertencia velada sobre los riesgos fiscales, considerando que un plazo más corto podría limitar las proyecciones de ingresos a largo plazo?
Por su lado, Central Puerto, ya dueña de Piedra del Águila y peso pesado de la generación eléctrica, no soltará tan fácil su territorio. "Vamos a participar en ese proceso sin lugar a dudas", afirmó su director comercial, Gabriel Ures. La empresa apuesta por su expertise en gestión de "combustible" –léase, el agua de los ríos neuquinos– para aplicar eficiencias que alineen con los sueños de modernización del gobierno. "Los objetivos de la Secretaría están cien por ciento alineados con lo que venimos solicitando desde hace años", remató Ures, posicionando a Central Puerto como el guardián natural de estas represas, que podrían generar un flujo de caja proyectado en base a contratos a término que cubran el 100% de la producción.
Este remate no es solo negocio: es estrategia nacional. Las represas del Comahue no solo iluminan hogares y fábricas, sino que sostienen la matriz energética patagónica, con Neuquén soñando en voz alta con manejarlas directamente. Una prórroga de un año por parte de la Nación podría allanar el camino, pero el reloj corre. ¿Logrará el gobierno una puja que genere inversiones millonarias –potencialmente superiores a los 4.200 MW de capacidad instalada– y evite el caos en el suministro? Las respuestas llegarán en dos semanas, pero una cosa es segura: el agua del Comahue nunca cotizó tan alto, con un valor económico que podría inyectar recursos frescos al fisco nacional.
La reprivatización del Comahue podría ser el detonante de una era de energía limpia y competitiva en Argentina. ¿Se sumarán más jugadores al ring? El país contiene el aliento.
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