La instalación de la planta de hidrógeno verde en Paysandú reaviva el conflicto ambiental Argentina Uruguay y pone en alerta a las comunidades entrerrianas. El megaproyecto de la empresa HIF Global, que producirá hasta 880.000 toneladas anuales de combustibles sintéticos con una inversión superior a los 5.300 millones de dólares, amenaza con alterar el paisaje turístico de Colón y generar tensiones binacionales similares a las pasteras de Botnia.
Ubicada a solo 3 o 4 kilómetros de la ribera uruguaya del río Uruguay, frente a la ciudad de Colón en Entre Ríos, la planta industrial proyecta chimeneas y estructuras visibles desde las playas argentinas. Ambientalistas y legisladores entrerrianos denuncian un severo impacto visual que arruinaría el atractivo turístico de la región, sumado a preocupaciones por la calidad del aire derivadas de posibles emisiones industriales. “El paisaje dominado por una gran instalación industrial y chimeneas visibles desde las playas entrerrianas genera temor”, alertan fuentes locales.
El caso ya se judicializó en la Justicia Federal argentina. Diputados y un senador peronista de Entre Ríos se presentaron como “amicus curiae” y crearon un sitio web para difundir documentación técnica. Denuncian que Uruguay no activó el procedimiento de información y consulta previa previsto en el artículo 7 y siguientes del Estatuto del Río Uruguay, obligación que corresponde a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU). Además, critican la Resolución 28/19 de diciembre de 2019, que modificó el Digesto del río y debilitó los estándares ambientales, en presunta violación al artículo 41 del tratado (principio de no regresión).
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, exigió formalmente al gobierno uruguayo la relocalización del proyecto a al menos 30 kilómetros de la costa para evitar daños irreversibles. “No podemos permitir que se repita la historia de falta de comunicación bilateral”, señalaron los legisladores Guillermo Michel, Marianela Marclay y el senador Adán Bahl. La ex jefa de Gabinete de la Cancillería argentina, Luciana Tito, reforzó: “La modificación del Digesto implicó flexibilizar los estándares ambientales en clara violación del artículo 41”.
El proyecto promete 1.400 empleos durante la construcción y 300 permanentes, pero los opositores priorizan la protección del río Uruguay y el turismo regional. La exportación de e-fuels comenzaría en 2029 a través del puerto de Montevideo. Mientras Uruguay defiende su soberanía industrial, del lado argentino crece el reclamo de transparencia y cumplimiento estricto del tratado binacional.
Este nuevo foco de tensión bilateral #HidrogenoVerde #ConflictoAmbiental #EstatutoRíoUruguay #ImpactoVisual #CalidadDelAire #RelocalizacionPaysandu mantiene en vilo a ambas orillas y revive heridas que la Corte Internacional de Justicia de La Haya ya tuvo que resolver hace casi dos décadas.
