Merlo volvió a encender las alarmas sobre la seguridad de los depósitos de garrafas en zonas urbanizadas. Un voraz incendio en un depósito clandestino de Mariano Acosta, partido de Merlo, dejó tres trabajadores con quemaduras graves –dos de ellos en terapia intensiva– y generó explosiones que hicieron volar garrafas por los aires durante dos horas, afectando incluso una vivienda lindera. Las autoridades confirman que el lugar operaba sin habilitación alguna y que el fuego se inició por la falla de una pava eléctrica en un ambiente con posible pérdida de gas.
El siniestro ocurrió en la calle Constituyentes 1400, en pleno barrio residencial de Mariano Acosta. Diez dotaciones de bomberos combatieron el foco durante horas, mientras vecinos describían escenas de pánico con detonaciones continuas. La Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de Morón investiga el caso bajo la carátula de “incendio”, con pericias a cargo de Policía Científica y Bomberos. Según los primeros informes, el depósito se dedicaba a la compra y reventa de garrafas sin cumplir ninguna norma de seguridad.
Estos depósitos de garrafas pueden –y de hecho operan– en zonas urbanizadas, a pesar de las normas que lo desaconsejan. La Resolución 231/96 de la provincia de Buenos Aires y ordenanzas municipales exigen que los depósitos de mayor capacidad se ubiquen en zonas industriales con accesos adecuados y distancias mínimas de seguridad. Los pequeños comercios minoristas pueden radicar en áreas urbanas, pero con estrictos límites de almacenamiento (generalmente hasta 100 kg de gas licuado) y obligatoria habilitación municipal. En la práctica, la desregulación impulsada por el DNU 446/25 y la Resolución 833/2023 desmanteló el entramado de controles que regía la cadena completa de gas licuado de petróleo (GLP), permitiendo la proliferación de depósitos clandestinos en barrios densamente poblados, cerca de viviendas, escuelas y comercios.
¿Por qué fallan los controles? La respuesta es clara y alarmante: el Estado renunció a su rol fiscalizador. Antes de la desregulación, existían inspecciones periódicas, registros obligatorios, pruebas hidráulicas y estándares de seguridad para fabricantes, fraccionadoras, transportes y depósitos. Hoy, según denuncias de la Cámara que agrupa a fabricantes y distribuidores, solo siete inspectores controlan a nivel nacional un mercado que abastece al 47 % de la población argentina –más de 20 millones de personas– que dependen de garrafas para cocinar y calefaccionarse. En contraste, el gas natural cuenta con miles de inspectores. Esta brecha, sumada a la eliminación de costos regulatorios, generó un “descontrol total” con acopios ilegales en lugares indebidos, garrafas vencidas y trasvases clandestinos.
El impacto económico es enorme. El GLP es el segundo combustible más utilizado del país después del gas natural. Cuatro de cada diez argentinos no tienen acceso a la red de gas domiciliario, y en hogares de bajos recursos la cifra supera el 50 %. La desregulación afectó a más de 220 pymes del sector formal, pero multiplicó los operadores informales que distribuyen sin controles. Una garrafa de 10 kg tenía precio de referencia cercano a los $6.500 antes de la liberalización total, y el mercado informal ya genera denuncias por competencia desleal y riesgos sanitarios.
Este incendio en depósito de garrafas en Merlo no es un caso aislado: alertas recientes en distintas provincias dan cuenta de explosiones en depósitos clandestinos que ponen en jaque la vida de miles de familias. Mientras las pericias determinan responsabilidades, la pregunta que queda flotando es una sola: ¿hasta cuándo se tolerará que un producto inflamable esencial para millones de argentinos se comercialice sin los mínimos estándares de seguridad en pleno corazón de las zonas urbanizadas?
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