En una decisión que sacude el escenario político y energético del país, el gobierno de Javier Milei avanzó con la privatización completa de cuatro centrales hidroeléctricas estratégicas ubicadas en la región del Comahue. Se trata de los complejos de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, que ahora pasarán al dominio privado tras la publicación de la Resolución 1569/2025.
Una operación sin precedentes
Con la resolución oficializada por el Ministerio de Economía, el Estado autoriza un concurso público nacional e internacional sin base mínima, abriendo la puerta a empresas locales y extranjeras para hacerse con el control de estos activos. Las actuales concesionarias — AES Argentina, ENEL, Orazul Energy y Central Puerto — podrán seguir operando hasta que se concrete el traspaso, siempre que acepten pagar regalías y cumplir requisitos establecidos.
El gobierno planteó un cronograma agresivo: se espera que las operaciones de adjudicación concluyan antes de fin de año, con contratos de 30 años que prevén posibles prórrogas. Este movimiento forma parte de un plan más amplio del Ejecutivo para “transformar” empresas estatales clave bajo la bandera del “achicamiento del Estado”.
Tensiones federales y críticas al diseño
Las provincias de Neuquén y Río Negro manifestaron un fuerte rechazo al avanzar unilateralmente sobre recursos hídricos que atraviesan sus territorios, advirtiendo que las represas no pueden venderse sin consulta ni participación provincial. Argumentan que los proyectos hidroeléctricos intervienen cuencas interjurisdiccionales y que las provincias merecen voz sobre las concesiones.
Especialistas en energética, además, alertan que la operación podría derivar en pérdida de control estatal sobre el servicio, aumentos tarifarios y litigios internacionales complicados dada la dolarización de los ingresos previstos en los contratos. Defienden que esta privatización no es un paso hacia eficiencia, sino una transferencia estratégica del control energético al capital privado.
Por su parte, miembros del Congreso expresan su inquietud por la falta de supervisión. Aunque se creó una Comisión Bicameral para monitorear las privatizaciones, su operatividad es incierta y varios de sus integrantes finalizan mandato en diciembre, lo que podría dilatar su acción.
El impacto simbólico y real
Históricamente, las represas del Comahue fueron construidas con fondos públicos y operadas bajo gestión estatal o concesionadas bajo parámetros estrictos. El hecho de que ahora sean vendidas bajo contratos a 30 años (con posibilidad de extenderse) representa una reconfiguración profunda de la soberanía energética nacional.
No es casual que el gobierno plantee estas medidas en un contexto de crisis fiscal y necesidad de dólares: se espera que la operación genere ingresos inmediatos, aunque críticos coinciden en que esos ingresos pueden salir caros a largo plazo.
¿Qué podemos esperar?
- Que los nuevos pliegos modifiquen condiciones, requiriendo ajustes técnicos u obligaciones ambientales.
- Que las provincias afectadas presenten recursos judiciales o reconfiguren alianzas legislativas contra la privatización.
- Que el flujo de inversión extranjero se combine con presión social y política para cuestionar el modelo.
- Que surjan debates sobre el precio real de los activos y el rol del Estado frente al sector energético.
Conclusión
Este paso audaz del Ejecutivo no puede verse como una simple operación administrativa: es una apuesta política que pone en juego el control del agua, la energía y la soberanía estratégica del país. Bajo un discurso de eficiencia y desburocratización, se articula una lógica de mercado que para muchos implica perder capacidad de decisión sobre recursos clave.
¿Será este el momento en que el Estado argentina pase de protagonista a espectador de sus propios bienes? La respuesta se construye ahora, en estas negociaciones cruciales.
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